PROPONEN REFORMA PARA ACTUALIZAR LOS PLAZOS EN LA APROBACIÓN DE DIVERSOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

  • Se presentaron circunstancias ajenas a la dinámica legislativa, particularmente debido a la presencia del COVID-19, que han dificultado los trabajos del legislativo local.

 

  • Se ha logrado un gran avance, no obstante, y debido a la amplitud de este, se requiere la ampliación del término para armonizar la legislación local de manera efectiva.

Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos legislativos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la diputada Martha Ávila Ventura y el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrantes de Morena, presentaron una iniciativa para actualizar los plazos señalados en los artículos Transitorios Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo Quinto y Trigésimo Noveno de la Carta Magna capitalina.
La iniciativa presentada este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad, señala que la Constitución capitalina contiene principios relativos a los derechos con los que cuentan las y los habitantes, de los cuales derivan obligaciones a los entes de la Administración Pública, que deben ser cumplidas e instauradas en diferentes plazos. No obstante, en el trabajo legislativo en el Congreso de la Ciudad, se presentaron circunstancias ajenas a la dinámica legislativa, particularmente debido a la declaración como pandemia global a la enfermedad generada por el virus SARS–CoV2 (COVID-19), que han dificultado los trabajos del legislativo local.
En razón a lo anterior, la iniciativa presentada, considera necesario ampliar y actualizar el término para expedir algunas normas como: la Ley del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, en pro del fortalecimiento de la autonomía del organismo público de defensa de los derechos de defensa de los ciudadanos para convertirlo en una Defensoría justa, pronta y expedita con la corresponsabilidad ciudadana en la promoción y respeto de los derechos y la ampliación de facultades para la protección efectiva de los mismos.
De igual forma, se considera la ampliación de término en lo relativo a la legislación correspondiente a la materia de derechos e inclusión social, sistemas y programas establecidos en la Constitución local. Es fundamental señalar que la política social tiene como objetivo posibilitar el acceso a las mismas oportunidades a sus ciudadanos en materia de educación, salud, trabajo, alimentación, protección social, apoyo y protección a las personas adultas mayores y con discapacidades entre otros.
En la propuesta se señala que para lograr este propósito “se necesita de la colaboración y compromiso institucional del Gobierno de la Ciudad de México, sus Dependencias, Alcaldías, Órganos descentralizados y demás competentes”, así como del tiempo y trabajo correspondiente a dicha labor, por lo que es pertinente actualizar los plazos.

Finalmente, en cuanto a la adecuación total del orden jurídico de la Ciudad de México, se ha logrado un gran avance, sin embargo, y debido a la amplitud de este, se requiere la ampliación del término, para armonizar la legislación local de manera efectiva y de conformidad a lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México y con esto garantizar la plena ejecución de los derechos de los habitantes de la Ciudad.

 

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