SOLICITAN AUMENTAR PENAS A DELINCUENTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO

  • El diputado Carlos Hernández Mirón presentó una iniciativa con proyecto de decreto para agregar un artículo 138 Ter al Capítulo III, del Código Penal de la Ciudad de México

 

  • Propuso agravar la pena en una tercera parte, además de imponer de 48 a 360 horas de trabajo comunitario

 

En atención a la demanda de los operadores del transporte público, quienes exigen sanciones más severas para aquellos que cometen delitos a bordo de las unidades, ya que ponen en peligro la integridad y vida de los conductores y pasajeros que se encuentran a merced de los delincuentes, Morena propuso agravar la pena en una tercera parte para los delitos que se comenten en el transporte no concesionado, además de imponer de 48 a 360 horas de trabajo comunitario.

 

Durante el desarrollo de la sesión ordinario de hoy, el diputado Carlos Hernández Mirón mencionó que la iniciativa con proyecto de decreto tiene como propósito agregar un artículo 138 Ter al Capítulo III, Reglas comunes para los delitos de homicidios y lesiones, del Código Penal de la Ciudad de México.

 

“El robo en el transporte público es uno de los crímenes más frecuentes en la Ciudad de México, cuando este delito está acompañado de violencia, implica grados importantes de afectación en la ciudadanía. Además el robo con violencia es uno de los delitos que más impacto tienen en la percepción de inseguridad”, puntualizó.

 

A pesar de que el transporte público es la alternativa idónea para mejorar la movilidad urbana, evita retenciones y atascos; de 2017 a 2018 casi 300 mil personas dejaron de utilizarlo por miedo a ser víctimas de un delito, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

 

“En 2018 fue el peor año, la ciudad acumuló 915 carpetas de investigación por este delito es decir tuvo un aumento de 63.3 por ciento con respecto al año anterior”, subrayó.

 

Hernández Mirón recalcó que él como representante de la ciudadanía, hace eco de la solicitud de los operadores de las unidades que pugnan por un marco normativo más severos para aquellos que comentan delitos que pongan en peligro la integridad y vida de los operadores.

 

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y posible dictaminación. 

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