REFORMA A LA LEY DE ADQUISICIONES PARA ATACAR CORRUPCIÓN: ELEAZAR RUBIO

 

  • El Legislador presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción xiv bis del Articulo 39 de la ley de adquisiciones para el Distrito Federal.

 

Según estudios del Banco Mundial, alrededor del mundo es más frecuente que los privados realicen algún tipo de pago irregular o soborno para recibir contratos que para recibir servicios públicos, ventajas judiciales o evadir impuestos y, lamentablemente, en México no es la excepción.

La  Ley General de Responsabilidades Administrativas, adicionalmente, establece como falta administrativa grave de particulares cualquier acción “que implique o tenga por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal”. Asimismo, los funcionarios públicos podrían caer en diversas faltas graves tales como el cohecho, abuso de funciones o desvío de recursos públicos. En ambos casos las sanciones aplicables serán severas: para el funcionario, destitución e inhabilitación por 20 años, así como multa por dos tantos de los beneficios obtenidos; para las empresas, inhabilitación para participar en contrataciones por 10 años, multas por dos tantos de los beneficios obtenidos o hasta un millón 500 mil “unidades de medida”, indemnización por daños y perjuicios e inclusive la disolución.

Por tanto el atacar actos graves de corrupción será fundamental para comenzar a cambiar los incentivos. En la medida que privados y funcionarios vean que sus tranzas pueden traer consecuencias en su persona (patrimonio, reputación y libertad) la pensarán dos veces antes de quebrantar la ley para obtener un lucro indebido. No hay manera de monitorear miles y miles de procedimientos, pero en la medida que comiencen a imponerse sanciones ejemplares, comenzarían a darse los efectos disuasivos que hasta ahora parecen no existir.

Se pretende de esta forma adicionar que se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, las personas físicas o morales, que sus representantes legales o socios, tratándose de personas morales, y aquellas personas físicas que se encuentren sancionadas por sentencia definitiva por el delitos de corrupción o patrimoniales.

 

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