PROPONEN ELIMINAR PALABRAS DISCRIMINATORIAS DE LOS ARTÍCULOS 1655 Y 1679 DEL CÓDIGO CIVIL

 

  • La diputada Lourdes Paz Reyes explicó que ambos artículos establece que la mujer casada debe obtener el permiso de su pareja para aceptar o rechazar una herencia.

 

  • Señaló que actualmente se tienen que generar las condiciones para que sean las mujeres quienes decidan participar en la vida económica, social y política.

 

 

La diputada local Lourdes Paz Reyes presentó una iniciativa para modificar los artículos 1655 y 1679 del Código Civil para el Distrito Federal con la finalidad de eliminar las palabras discriminatorias que contravienen el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

 

La legisladora explicó que dichos artículos se encargan de regular las disposiciones testamentarias, en las que se expresa la aceptación o rechazo de la herencia para las mujeres casadas, y que actualmente en ellos se establece que las cónyugues deben de obtener el permiso de su pareja para acceder a ésta.

 

“Los preceptos materia de la presente iniciativa mantienen su texto original desde su publicación en el año de 1928, por lo que contienen disposiciones que no resultan acordes a la realidad actual, dado que la participación de la mujer se ha modificado para tener mayor trascendencia en los aspectos económicos, políticos, culturales, laborales y sociales”, subrayó.

 

La diputada Paz Reyes indicó que actualmente se tienen que generar las condiciones para que sean las mujeres quienes decidan participar en la vida económica, social y política.

 

Mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), las mujeres dedican 22 horas a la semana a las tareas domésticas y 28 horas al cuidado de otras personas, es decir 2.5 veces que los hombres.

Por lo anterior, argumentó que es necesario modificar los artículos 1655 y 1679 del Código Civil para el Distrito Federal para que las mujeres puedan decidir sobre sus propias acciones.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México para su análisis y discusión.

 

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