NO SE PUEDE CONDICIONAR EL TRABAJO A UNA PRUEBA NEGATIVA DE COVID-19: MARTIN PADILLA

  • Se han detectado ofertas de empresas en páginas de Internet en donde los costos llegan hasta los 3 mil pesos por realizar una prueba, señala

 

Desde el Congreso de la Ciudad de México, nos sumamos al llamado de las autoridades capitalinas para que el sector empresarial evite condicionar a sus trabajadores pruebas negativas de COVID-19 para poder laborar, afirmó el diputado Martin Padilla Sánchez.

El legislador dijo que el gobierno de la Ciudad de México, a través de las secretarías de Desarrollo Económico, de Salud, y del Trabajo y Fomento al Empleo, en conjunto con cámaras empresariales, acordaron que las empresas no soliciten una prueba negativa de COVID-19 para que sus empleados y empleadas puedan reincorporarse al trabajo presencial.

En el mismo sentido, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ha aclarado que no es obligatoria una prueba COVID-19 negativa para el retorno a las actividades y ha señalado que, estos actos se pueden denunciar ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), detalló.

Dijo que como producto del aumento de casos a consecuencia de la variante Ómicron, esta semana se ha registrado un aumento de la demanda de pruebas de COVID-19 en laboratorios, hospitales privados y en lugares públicos habilitados por el gobierno, por lo que se generan largas filas que se pueden prolongar hasta por 8 horas.

En diversos medios de comunicación ha trascendido que, entre las personas asistentes, las pruebas les son solicitadas en sus centros de trabajo como requisito para permitirles laborar aún sin síntomas o motivo aparente, agregó.

Por otro lado, dijo, se han detectado ofertas de empresas en páginas de Internet en donde los costos llegan hasta los 3 mil pesos por realizar una prueba de COVID-19, lo que refleja falta de sensibilidad y solidaridad ante la población que más lo necesita.

Asimismo, hacemos un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que, en la medida de sus atribuciones, verifiquen que las pruebas que se realizan, cuenten con estándares de calidad y al mismo tiempo, que no se abuse en los precios, con el fin de evitar afectaciones a la salud y a la economía de las personas y las familias capitalinas.

 

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