EXIGEN QUE SERVIDORES PÚBLICOS SUPRIMAN LENGUAJE QUE INCITEN AL ODIO, ESTIGMATIZACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA PERSONAS LGBTTTI+

El pasado domingo, Natalia Lane, reconocida activista trans y trabajadora sexual, recientemente seleccionada como integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, sufrió una agresión en contra de su vida e integridad a causa de su identidad de género, señala diputado Temístocles Villanueva 

  • Afirma que en México existe un elevado índice de delitos cuya motivación surge de la intolerancia, la falta de respeto y el odio a la orientación sexual, así como la identidad o expresión de género de las personas.

Al fijar un posicionamiento a nombre de las legisladoras Ana Francis López y Marisela Zúñiga, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso capitalino, el diputado de Morena, Temístocles Villanueva, hizo un enérgico llamado a todas las personas servidoras públicas y representantes populares en los órganos legislativos de la Ciudad de México a fin de que, en ejercicio de su libertad de expresión, supriman el lenguaje que incite al odio, la estigmatización o la violencia en contra de las personas LGBTTTI+, y que, por el contrario, generen acciones tendentes a promover la igualdad y la no discriminación hacia este sector de la población.

El legislador por la Alcaldía Cuauhtémoc afirmó que resulta alarmante que las personas servidoras públicas, ignorando la enorme responsabilidad social de su encargo, pronuncien frases lesbofóbicas, homofóbicas, bifóbicas y transfóbicas cada vez con mayor frecuencia, sin detenerse un poco a reflexionar respecto al daño que producen a los derechos humanos de las personas con las que se encuentran en obligación de resguardar y proteger.

Y es que, dijo, el pasado domingo, Natalia Lane, reconocida activista trans y trabajadora sexual, recientemente seleccionada como integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, sufrió una agresión en contra de su vida e integridad a causa de su identidad de género.

“Esta agresión no puede quedar impune, conminamos a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las demás autoridades competentes tomen cartas en el asunto bajo una perspectiva de género y en pleno reconocimiento y respeto de su identidad”, señaló.

El representante popular expresó que a pesar de que los y las integrantes del Congreso de la Ciudad de México, así como de los diversos órganos legislativos en el ámbito local y federal en nuestro país, constantemente “presentamos diversos instrumentos legislativos orientados a generar cambios favorables que permitan alcanzar una igualdad en los derechos humanos de las personas pertenecientes a la población LGBTTTI+, en la búsqueda de la erradicación en nuestra sociedad de todas aquellas expresiones de discriminación, amenazas y ataques cometidos en su contra, aún resulta frecuente la utilización de lenguaje discriminatorio, contradictoriamente incluso por parte de las autoridades y representantes populares”.

“Este lenguaje discriminatorio tiene un mayor peso específico en nuestra sociedad que aquel expresado por cualquier otro ciudadano o ciudadana, ocasionando que todos los esfuerzos para erradicar este tipo de prácticas discriminatorias sean nulos e infructíferos”, dijo.

Consideró que las leyes escritas pueden dar testimonio de las expectativas, pero las acciones de las personas servidoras públicas y legisladoras, enfáticamente aquellas que están ocupando cargos de elección popular, demuestran la realidad a la que podemos llegar.

Estas expresiones o declaraciones representan un problema de carácter institucional por la investidura de quienes las expresan. Recientemente autoridades como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se manifestaron respecto de diversas quejas presentadas por actos de discriminación en contra de la población trans por parte de representantes populares y realizaron sendos llamados a los partidos políticos para que dentro de sus estatutos y principios se consideren las prácticas dirigidas a la inclusión, la igualdad, la no discriminación y la eliminación de todas las formas de violencia contra la población LGBTTTI+, refirió.

Estableció que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala categóricamente, en su artículo 1° que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

No obstante, la prohibición categórica en la Constitución Política de todo acto de discriminación, aún existen en nuestra sociedad diversos prejuicios entre las personas que se expresan de manera cotidiana a través del lenguaje, tanto en el ámbito público como en el privado y que se traducen en actos de discriminación, odio o desprecio, resaltó.

Es importante recordar que en México existe un elevado índice de delitos cuya motivación surge de la intolerancia, la falta de respeto y el odio a la orientación sexual, así como la identidad o expresión de género de las personas.

Puntualizó que de acuerdo con la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de octubre de 2019, se resolvió que “la libertad de expresión tiene un alto valor democrático; que en lo personal permite manifestar aspectos de la individualidad por cualquier medio, […] en ejercicio de este derecho y del libre desarrollo de la personalidad. No obstante, destacó que estos derechos pueden ser válidamente restringidos, particularmente cuando su expresión configure un discurso de odio, es decir, aquellos que tienen por objeto generar discriminación, hostilidad y violencia.”

“Sabemos que todas las personas, sin discriminación alguna, tenemos derecho a la libertad de pensamiento y expresión, lo cual permite compartir información e ideas, oralmente o por escrito, sin censura alguna. Esto siempre y cuando no signifique la difusión de discursos de odio que ponen en riesgo significativo la vida de otras personas”, abundó.

Los efectos negativos de un lenguaje discriminatorio en nuestra sociedad son múltiples y variados, principalmente aquel que expresa lesbofobia, bifobia, homofobia y transfobia, ya que, genera no solo consecuencias nocivas que se traducen en prácticas de exclusión y marginación para las personas que son objetivo de los mismos, sino que al propagarse de manera exponencial, provocan un aumento significativo de frases despectivas e insultos, que muchas veces desembocan en manifestaciones de odio y violencia graves, concluyó.

 

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