REFORMAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

  • “El objetivo es agilizar procedimientos, combatir la corrupción en los procedimientos penales y salvaguardar los derechos humanos de las personas imputadas”, mencionó Rubio Aldarán.

 

En la actualidad se ha vuelto muy común, escuchar en los medios de comunicación, que en muchos procesos en los tribunales mexicanos apliquen de manera mecánica y acrítica el parámetro de descartar de manera absoluta las pruebas obtenidas mediante violación de derechos humanos. De ahí que, en muchas ocasiones, la sociedad se ha visto lastimada por decisiones judiciales que consideran agraviantes, y que no comparten con entera justificación, lo que tiene como consecuencia que los delitos y delincuentes se queden sin castigo.

Por lo que Rubio Aldarán considera que no solo se trata de una violación al procedimiento de los imputados, sino también, ante la reiteración de asuntos en los que se realizan esas violaciones al proceso, no se ha hecho nada por evitarlo por parte de las mismas autoridades, puessiendo las encargadas de llevar los procesos, cometen diversas violaciones en el procedimiento, cuando los servidores públicos son quienes tienen el deber constitucional establecido en el párrafo tercero de su artículo 1°, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y por ende, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, lo cual considero no ha sucedido ni se hace nada al respecto.

 

Es por lo anterior que se  propone crear excepciones a la regla general de exclusión de la prueba ilícita, esto es, que en caso que la autoridad de amparo advierta violaciones flagrantes en el proceso, en todos los casos reponga el procedimiento y no deje en libertad al imputado o sentenciado, sino que de oficio de vista al Ministerio Público para que inicie una carpeta de investigación por estos hechos en contra del servidor o servidores públicos, que cometan violaciones al procedimiento en cualquier proceso de forma dolosa, sin importar la materia, lo cual se acreditara con la resolución firme en el amparo o por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Y como parte de la resolución, darán vista de estos hechos, al Ministerio Publico correspondiente.

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 185, 202, 205, 206 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Por otro lado el 18 de junio de 2008, entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, la cual entre otros aspectos, tenía como objetivo principal el conformar de forma integral un nuevo sistema nacional procesal y penitenciario, lo que abriría una oportunidad histórica para consolidar el sistema democrático mexicano mediante la actualización de su marco legal en materia de justicia penal.

Desafortunadamente el sistema penal actual, ha tenido muchas fallas y una de ellas de las más importantes es el procedimiento abreviado donde se violentan las garantías constitucionales y procesales de los imputados, es por ello que es tiempo de hacer los ajustes necesarios al nuestro sistema penal a fin de acabar con burocracias o corrupción en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

 

Por lo que se proponereformar el artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es necesario fortalecer la imparcialidad en la emisión de las sentencias del procedimiento abreviado; robustecer efectivamente la acusación, dando también cumplimiento con ello a la obligación probatoria del Ministerio Públicoque se le impone en la fracción V, apartado A, del artículo 20 constitucional, referente a la carga de la prueba; todo lo anterior, sin necesidad de crear nuevas autoridades judiciales para ese efecto; esta regulación se debería incluir en los artículos 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace referencia a la tramitación del abreviado.

En el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual hace referencia a la sentencia en el procedimiento abreviado, se deben precisar los criterios de reducción de pena que se pueden solicitar e imponer al resolverse el conflicto penal mediante el procedimiento abreviado; por ejemplo, que cuando el acusado no cuente con antecedentes penales por delito doloso y la pena del delito por el que se le juzgue no rebase la media de cinco años de prisión, se podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos.

A su vez, se propone que se debe derogar el último párrafo del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues; esta propuesta se fundamenta en la contradicción jurídica que implica dicha disposición ya que es el Congreso de la Unión quien ostenta la facultad constitucional exclusiva de legislar en materia procesal penal para toda la República Mexicana, por lo que los acuerdos emitidos por los procuradores al respecto, son contrarios a la Constitución Federal, además de no contar con el carácter normativo que se requiere para establecer una regulación procesal.

 

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