PROPONEN HASTA 2 AÑOS 6 MESES DE CÁRCEL A QUIEN DEFRAUDE CON VENTA DE OXÍGENO EN PANDEMIA

  • Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, presentó el proyecto de decreto contra quienes delinquen en tiempos de emergencia sanitaria.

 

Establecer sanciones que van de los 6, 273 pesos y prisión de 2 años seis meses propuso el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, para las personas que cometen fraudes con la venta de oxígeno, aprovechándose de la actual situación de emergencia sanitaria por covid-19.

El proyecto de decreto adiciona la fracción XVII, al Artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal, para castigar a quienes supuestamente ofrecen para vender o rentar tanques y concentradores de oxígeno por medio de páginas de internet apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas en redes socialesy soliciten información personal, datos de tarjetas bancarias, y/o realizar pagos electrónicos al comprador.

De acuerdo con el Código Penal capitalino, la penalización de este delito va en función del monto de lo defraudado, es decir, dependiendo del costo de cada tanque de oxígeno se establece la sanción.

En la iniciativa presentada durante la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,  se indicó que las denuncias llegaron a la Procuraduría Federal del Consumidor, (Profeco),que suspendió a seis establecimientos de venta de oxígeno medicinal luego de verificar que presentaban irregularidades.

En el documento Norberto Sánchez aseveró que los negocios de oxígeno han visto, en estos días de sufrimiento, una puerta abierta para un negocio no siempre transparente y que la urgencia de los ciudadanos no puede rechazar; es decir, surgió una nueva forma de estafa en la supuesta venta o renta en Internet de tanques y concentradores de oxígeno, que, además de provocar un daño en el bolsillo de las familias, también representa un riesgo para los enfermos por covid-19 que se tratan en casa, ya sea obligados por el colapso hospitalario o por miedo.

El proyecto de decreto fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen.

 

 

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