PRESENTA DIPUTADA CHAVIRA DE LA ROSA INICIATIVA DE LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

  • La corrupción se percibe como una práctica e los espacios de acción gubernamental, señala

 

  • Está integrada la propuesta por 61 artículos y siete transitorios

 

El pleno del Congreso de la Ciudad de México turnó a comisiones la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que presentó el diputado Eleazar Rubio a nombre de la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, para garantizar el cumplimiento de las autoridades en las tareas de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

 

Aseguró que los actos de corrupción socavan el desarrollo humano, desvían los recursos públicos, aumentan la desigualdad, obstaculizan el crecimiento económico y afectan de manera grave y directa a todas las sociedades. Se percibe como una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental, subrayó.

 

Al presentar dicha propuesta expuso los motivos de la misma. En septiembre de 2017 se publicó la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, pero en ese mismo año se promovieron acciones de inconstitucionalidad que tuvieron como resultado su anulación, en enero pasado, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por irregularidades en el proceso legislativo.

 

A raíz de las resoluciones de la Corte, señaló que la capital carece de un Sistema Local Anticorrupción, por tanto es importante presentar una propuesta de nueva ley para poder reanudar las tareas de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y episodios de corrupción.

 

La presidenta de la Comisión de Administración Pública Local mencionó que nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron en 2017 que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

 

La proporción de víctimas de al menos un acto de corrupción se ha incrementado en los últimos años, al pasar de 3.6 millones de personas en 2013 a 5.2 millones que en 2017 tuvo contacto con algún servidor público, abundó.

 

La iniciativa de la legisladora de Morena, que fue turnada a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictaminación, está integrada por 61 artículos y siete transitorios, con la intención de armonizar la ley local con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Se establece un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, y un Comité Rector del Sistema Local de Fiscalización. El Comité Ciudadano estará integrado por cinco personas “de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción en la Ciudad de México”.

 

Por su importancia destaca el artículo 37 relacionado con el sistema de fiscalización, que tiene como objetivo “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los integrantes del sistema para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

 

También se propone un Sistema Local de Información, que “será el receptor e integrador de la información que las autoridades integrantes del Sistema Local Anticorrupción en la Ciudad de México incorporen para su transmisión e integración a la Plataforma Digital Nacional conforme a los lineamientos, estándares y políticas que le dicte el Comité Coordinador del Sistema Nacional”.

 

Con relación a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, el articulado establece que el encargo será por cuatro años, con la opción de una ratificación por un periodo más.

 

El artículo 60 se refiere a los procesos de selección de las personas titulares de los Órganos de Control Interno de los Organismos Autónomos, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, a saber: el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; la Fiscalía General de Justicia; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Instituto Electoral de la Ciudad de México; el Instituto de Defensoría Pública; y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

 

Con excepción del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, las personas titulares serán designadas por el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México mediante convocatoria pública abierta, una persona titular por cada Organismo Autónomo.

 

Para el caso del Tribunal Electoral local, el Comité de Participación Ciudadana propondrá una terna de entre las cuales, el Pleno del Tribunal lo elegirá.

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