DEBE RENDIR UN INFORME LA SECRETARÍA DE GOBIERNO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CDMX

  • Corrupción, uso de celulares para extorsionar a ciudadanos, consumo de drogas, cobro de cuotas y hacinamiento, prácticas recurrentes en cárceles capitalinas: Chavira

 

Con la intención de lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad y disponer de un sistema penitenciario que funcione de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas aplicables, el pleno del Congreso solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre el estado que guarda el sistema penitenciario local.

 

A propuesta de la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, se aprobó el punto de acuerdo considerado de urgente y obvia resolución, mediante el cual se pidió a la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, un reporte completo de la situación en que se encuentran los centros de reclusión y las acciones encaminadas a la resocialización de la población interna.

 

A raíz de la fuga de tres reos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el pasado 29 de enero, la legisladora de Morena aseguró ante la plenaria que la corrupción, el uso de celulares para incurrir en la comisión del delito de extorsión, el consumo de drogas, el cobro de cuotas a familiares de internos, la sobrepoblación y el hacinamiento, son las principales prácticas cotidianas en los centros de reclusión capitalinos.

 

También se manifiestan una falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención, en caso de detección, así como una insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, destacó.

 

Con base en Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que las cárceles capitalinas presentan deficientes condiciones materiales y de higiene de instalaciones para alojar ae las personas privadas de la libertad, además de una inexistencia o deficientes condiciones materiales y de higiene en cocinas, comedores y deficiencias en la alimentación de las personas reclusas.

 

La presidenta de la Comisión de Administración Pública Local abordó el tema Condiciones de Gobernabilidad, del mencionado estudio. En resumen, hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; un ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad; condiciones de autogobierno o cogobierno; la presencia de actividades ilícitas, y la presencia de cobros, como extorsiones y sobornos.

 

Asimismo destaca que en materia de reinserción social del interno se manifiesta una inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad y resulta insuficiente la atención dirigida a personas con discapacidad, la población LGBTTTI y las personas que viven con VIH/SIDA.

 

Tampoco resultan suficientes las acciones y programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, añadió.

 

En otra parte de su exposición, Chavira de la Rosa informó que la entonces Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal registró en 2018 3 mil 665 quejas, de las cuales 3 mil 627 fueron determinadas como presuntas vulneraciones a los derechos humanos, ocho más se iniciaron de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en temas relacionados con la protección a su integridad física o psicológica, el deber de custodia por parte de la autoridad penitenciaria, afectaciones al derecho a la vida y a la integridad por tortura física, psicológica, y posibles violaciones al derecho a la salud.

 

En el Informe Anual 2018, se detalla que personal de esa entidad investigó presuntas violaciones por la negativa, restricción u obstaculización de la visita familiar, así como a los derechos de la niñez y de adolescentes que se encuentran cumpliendo una medida en internamiento.

 

Las principales autoridades señaladas por la Comisión como presuntas responsables en las denuncias relacionadas con la administración de justicia y la ejecución de la pena fueron la Secretaría de Gobierno en 65.8 por ciento de los casos, la Secretaría de Salud con 20.2 por ciento, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales con 8.9 por ciento, y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 4.2 por ciento.

 

Entre los casos investigados por la CDHDF destacan los relacionados con el derecho a la vida; los traslados de personas privadas de la libertad a otras áreas o centros penitenciarios; niñas y niños que viven con sus madres privadas de la libertad; la atención a situaciones de riesgo, como riñas y tentativas de motín; el derecho a una vida libre de violencia, y casos relacionados con mujeres privadas de la libertad presuntamente víctimas de violencia.

 

En el periodo de referencia el ombudsperson concluyó 3 mil 98 quejas, cantidad equivalente al 84.52 por ciento de las 3 mil 665 que reportó en el año. Simultáneamente tramitó 3 mil 393, que representan el 95.57 del total de quejas registradas, medidas precautorias con la finalidad de proteger o evitar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

 

Guadalupe Chavira de la Rosa mencionó que la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Gobierno, dio a conocer que la población en los 13 centros penitenciarios contabilizó 24 mil 702 internos al 31 de diciembre pasado, de ellos 23 mil 409 son hombres y mil 293 mujeres.

 

Del universo total, 21 mil 977 enfrentan procesos del fuero común y dos mil 725 del fuero federal, mientras que cuatro mil 990 son procesados y 19 mil 712 personas privadas de su libertad corresponden a sentenciados, añadió.

 

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