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El Instituto encontró elementos suficientes para iniciar un proceso sancionador al encontrar en un video de la panista la posible existencia de violencia simbólica perpetrada por una mujer a otra mujer que pudieran constituir una falta de respeto, discriminación, odio y rencor, excediendo la libertad de expresión.
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Además, deberá investigarse la existencia de una posible violación al ejercicio de las actividades legislativas y territoriales de Avila Ventura.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un procedimiento especial administrativo sancionador contra Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del PAN, por la probable comisión de violencia política en razón de género en perjuicio de la Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, Martha Avila.
Lo anterior luego que el 9 de marzo de 2023, a través de las redes sociales Twitter y Facebook, la diputada denunciada difundió un video en el que realiza diversos señalamientos contra la diputada por el Distrito 28 en Iztapalapa que pudieran constituir actos de Violencia Política de Género, pues en el contenido se advierte la posible existencia de violencia simbólica perpetrada por una mujer a otra mujer que pudieran constituir una falta de respeto, discriminación, odio y rencor, excediendo la liberta de expresión.
Lo anterior deberá ser analizado por el Tribunal Electoral Local en la sentencia de fondo, por tratarse de una práctica cotidiana que podría evidenciar una forma diferenciada para relacionarse entre sí, al observarse que la probable responsable le impuso un apodo a la parte promovente al llamarla “corcholatita más desesperada”.
Además, deberá investigarse la existencia de una posible violación al ejercicio de las actividades legislativas y territoriales de Avila Ventura, pues la legisladora denunciada solicita que renuncie a su cargo como Diputada Local.
Por lo anterior, el IECM concluyó que hay elementos indiciarios suficientes para ordenar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en contra de la probable responsable.
Gutiérrez Ureña cuenta con cinco días, tras ser notificado, para contestar lo que su derecho convenga.
