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El Estado de México, la Ciudad de México y Morelos son los Estados con el mayor número de mujeres privadas de su libertad a nivel nacional.
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El 63.8% de las mujeres privadas de su libertad realizan alguna actividad laboral, el 37.9% obtuvo algún beneficio no monetario consistente en cartas de buena conducta y el 27.9% una reducción en su condena.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Marisela Zúñiga, presentó una iniciativa para reformar las Leyes de Salud y de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México con la finalidad de que en los centros de reclusión se cuenten con los productos de higiene femenina para poder garantizar una menstruación digna a las mujeres y personas menstruantes.
Durante la sesión ordinaria, la diputada de Morena señaló existe una sobrepoblación en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, de acuerdo con el estudio denominado “Diagnostico sobre la Gestión del Proceso Menstrual de las Personas Menstruantes y Mujeres Privadas de la Libertad en la Ciudad de México” realizado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED).
“Derivado a esta sobrepoblación las condiciones de higiene y cuidado menstrual se ven mermadas; en dicho estudio se pone de manifiesto que no todas las personas contaban con los productos adecuados para que su menstruación se llevará en un ambiente adecuado, por lo que tenían la necesidad de utilizar lo que tuvieran a su alcance desde papel higiénico, trapos, prendas de ropa e incluso llegaron a utilizar cubrebocas”, subrayó.
En tal sentido, la legisladora Marisela Zúñiga señaló que las personas privadas de su libertad se encuentran en esta situación jurídica derivado de la realización de un proceso penal en su contra y mediante la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada o bien por sentencia firme se encuentran en reclusión, por lo cual la legisladora aseguró que se debe empezar a poner en el debate público las desigualdades estructurales, como el machismo, la misoginia y la falta de acceso a mecanismos de defensa.
Indicó que de acuerdo con el informe “Mujeres privadas de su libertad ¿Mujeres Invisibles?” del InMujeres publicado en junio de 2022, se dieron a conocer que el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos son los Estados con el mayor número de mujeres privadas de su libertad a nivel nacional de las cuales el 27.4% de ellas tardo más de dos años en obtener una sentencia, dicho informe reveló que las mujeres que comenten algún tipo de delito por lo general se encuentran en la jerarquía más baja de la organización delictiva, sin contactos ni recursos para enfrentar los procesos judiciales.
A su vez el informe detalla que el 63.8% de las mujeres privadas de su libertad realizan alguna actividad laboral, y el 37.9% obtuvo algún beneficio no monetario consistente en cartas de buena conducta y el 27.9% una reducción en su condena.
“Esta iniciativa busca garantizar que las mujeres y personas menstruantes privadas de su libertad tengan acceso a su derecho humano a una menstruación digna; ya que si continuamos invisibilizando las necesidades y obstáculos de las mujeres y personas menstruantes para el acceso a sus derechos les continuaremos desdibujando su dignidad humana” finalizó.
La iniciativa fue turnada a la comisión de salud y de seguridad ciudadana para su análisis.
