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Se encargará de iniciar el nombramiento o posible ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y de las fiscalías especializadas en corrupción y en delitos electorales en la capital del país.
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“Estamos seguros que el Consejo está conformado por los mejores perfiles y de manera plural, está conformado por ciudadanos provenientes de diferentes ámbitos, como el artístico, docente y académico”, afirma diputado de Morena, Octavio Rivero.
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó los dictámenes en sentido positivo de las 11 personas que conformarán el Consejo Judicial Ciudadano (CJC), cuya función principal será iniciar el nombramiento o posible ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y de las fiscalías especializadas en corrupción y en delitos electorales en la capital del país.
Durante una sesión extraordinaria, los diputados y las diputadas dieron su aval para que Héctor Ibarra Muñoz, Sandra Margarita Rivas González, Emiliano Robles Gómez Mont, José Francisco Sánchez Magallán González, Alejandra Monserrat Romero Galván, Bárbara Yllán Rondero, Teresa Mercedes Hernández Morales, Carlos Edmundo Cuenca Dardón, Irving Pedro Chegüe Luna, Gabriela de la Torre Mercado y Jorge Nader Kuri sean los integrantes del Consejo que iniciará funciones a partir del mes de enero del 2024.
“Estamos seguros que el Consejo Judicial Ciudadano está conformado por los mejores perfiles y de manera plural, está conformado por ciudadanos provenientes de diferentes ámbitos, como el artístico, docente y académico, entre otros”, afirmó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, Octavio Rivero Villaseñor.
La Ciudad de México tendrá un Consejo Judicial Ciudadano, porque la ciudadanía, a través del CJC, tendrá un papel fundamental para nombrar a las personas titulares de las fiscalías locales, lo cual garantiza “la autonomía de tan importantes instituciones pues quienes las encabecen actuarán en favor del interés común y no de intereses privados ni de unos pocos, como se hacía en el pasado. Y recalcar, el consejo judicial es y será ciudadano”, reafirmó.
El diputado de Morena aseguró que el proceso para la selección de los miembros del CJC se hizo de manera honesta, imparcial, transparente y con la máxima publicidad; Se tiene un “procedimiento único en el país, pues en ninguna otra entidad federativa nombran o ratifican a las personas titulares de dichas instituciones de esta manera, en ningún otro estado existe un consejo ciudadano que tenga voz y voto en la o el nombramiento de su fiscal”, subrayó.
El legislador Rivero Villaseñor explicó que el proceso para elegir a los 11 integrantes del CJC, fue exhaustivo y tras un análisis de los expedientes entregados por las y los aspirantes, se determinó que 32 aspirantes ciudadanos a integrar el Consejo habían cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocaría aprobada el pasado 22 de mayo, previo debate y consenso de todas las fuerzas políticas presentes al interior de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, lo que robustece la legitimidad del Consejo Judicial Ciudadano.
Comentó que a partir del día 19 de junio se inició con las entrevistas a las y los aspirantes ciudadanos, lo que significó más de 20 horas de entrevistas a lo largo de cinco días; “Fue un ejercicio transparente, ya que todas y cada una de las entrevistas fueron transmitidas por las vías digitales oficiales de este Congreso, con lo que reiteramos el carácter ciudadano del proceso, apartado de injerencia de partidos políticos”, insistió.
Dijo que organizaciones civiles, académicas y sociales postularon a las 32 personas aspirantes al CJC, de las cuales hubo 29 con título de licenciatura en derecho y 3 con otras formaciones profesionales: una aspirante con carrera en la actuación, un aspirante con licenciatura en administración de empresas y una más con licenciatura en psicología.
Durante la sesión extraordinaria, los representantes populares también aprobaron otros tres dictámenes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
El primero, elaborado en conjunto con la comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, para ratificar la designación del licenciado David García Rodríguez como contralor general del Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX).
Asimismo, los legisladores locales dieron el visto bueno al dictamen sobre la propuesta de establecer que la patria potestad de hijas e hijos se perderá por resolución judicial cuando quien la ejerza sea condenado por sentencia firme bajo el delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a ese derecho.
De igual manera, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que establece que la persecución de delitos cometidos por personas sin escrúpulos, como lo es el maltrato y la tortura animal, se perseguirá por oficio, es decir, no se requiera una denuncia formal para que dicho ilícito sea perseguido y sentenciado.
El dictamen avalado establece que se busca disminuir la impunidad en este tipo de actos tan lamentables que nos degrada como especie frente al resto de especies animales con las que compartimos nuestra ciudad.