Las y los diputados del grupo parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México condenamos la campaña de mentiras y desinformación propagada por la oposición de derecha respecto a la aprobación de la nueva Ley Ambiental para la capital.
En ese contexto, y adicionalmente a las aclaraciones que la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad ha publicado en sus páginas oficiales en las que desmiente puntualmente cada una de las falsedades manifestadas por la oposición de derecha, de nuestra parte queremos aclarar que el ordenamiento aprobado tiene como principal objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos, en concordancia con lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México, así se establece en el artículo 1º de la nueva ley ambiental.
La expedición de este ordenamiento tiene la finalidad de robustecer la protección jurídica al medio ambiente en nuestra entidad, armonizando las disposiciones aplicables a la nueva constitucionalidad y, especialmente, al sistema de planeación previsto por nuestra carta magna local.
Primero que nada, cabe señalar que, contrariamente a lo difundido en esta la campaña de desinformación, el decreto aprobado de ninguna manera permite la privatización de las áreas de conservación en la ciudad, ni la modificación del uso del suelo en áreas de conservación, pues estas regulaciones ni siquiera son materia de este ordenamiento, sino que son parte de disposiciones de otras leyes que no modifica el decreto aprobado y en las cuales se encuentra la adecuada salvaguarda jurídica de la protección a los ecosistemas.
Es absolutamente falso que se elimine la protección de la tierra como ente colectivo de derechos, pues ésta es la declaración inicial de la ley.
Respecto al Programa de Ordenamiento Ecológico cabe aclarar que su contenido no se elimina, sino que se armoniza con las disposiciones constitucionales relativas al nuevo sistema de planeación de la ciudad, por lo que serán incorporadas al Programa General de Ordenamiento Territorial con la finalidad de que la capital cuente con una visión integral y equilibrada que tome en consideración las diversas materias que componen al territorio de nuestra entidad.
En lo concerniente a la participación ciudadana, las disposiciones previstas en este decreto se complementan con los múltiples instrumentos de participación previstos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el proceso de consulta a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes previstos en las disposiciones aplicables en nuestra entidad para esta materia.
Es decir, la oposición nuevamente hace una lectura aislada con el objetivo perverso de manipular a la opinión pública y, con mala fe, omiten hacer una interpretación sistemática e integral de los ordenamientos jurídicos de protección ambiental en nuestra ciudad capital.
Sobre el capítulo “De los actos administrativos traducidos en permisos”, cabe señalar que en la nueva ley se adiciona un capítulo cuyo propósito es dar certeza jurídica sobre una facultad que ya tenía la secretaría para celebrar actos administrativos con terceros sobre los espacios o infraestructura que confieran su uso, aprovechamiento y administración de las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, siendo uno de los mecanismos que se implementan para la gestión de recursos financieros cuyo objetivo es el mantenimiento y conservación de dichos espacios, lo cual de ningún modo abre la puerta a la explotación ni a la privatización del suelo de conservación para fines lucrativos.
Es por lo anterior que manifestamos nuestro rechazo a estas reiteradas prácticas abusivas y mentirosas que se han hecho costumbre en la oposición de derecha y que fueron precisamente una de las causas por las cuales el pueblo les infligió una apabullante derrota, pues ya no acepta la manipulación y la desinformación en las que se ha obstinado el panismo en el país y en nuestra capital.
Finalmente, reiteramos nuestra convicción y compromiso por la defensa y el establecimiento de ordenamientos jurídicos que permitan proteger, respetar, garantizar y promover los derechos ambientales reconocidos en la Constitución local y en los instrumentos internacionales en la materia y también a la Madre Tierra como el espacio común vital de nuestra comunidad humana.
