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Es el objetivo de la iniciativa que presentó en el Congreso de la CDMX la diputada Ana Buendía García.
Con el fin de garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito público, principalmente en las alcaldías de nuestra ciudad. la presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, Ana Buendía García, presentó una iniciativa que se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
En la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora explicó que reforma la Ley Orgánica de Alcaldías, al adicionar un segundo párrafo al artículo 177, estableciendo que las alcaldías deberán destinar un porcentaje de su plantilla laboral a personas con discapacidad. Esta medida asegura que el gobierno predique con el ejemplo y fomente una cultura de inclusión desde las instituciones públicas.
“En segundo lugar, se adiciona una fracción 10 al artículo 23 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, para establecer que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo elabore un sistema de colocación laboral para personas con discapacidad. Este sistema no solo facilitará su contratación, sino que también garantizará su permanencia y desarrollo profesional” dijo
De acuerdo con el último censo del INEGI, 493 mil 589 personas en la Ciudad de México viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5.4% de nuestra población. Es importante destacar que detrás de estos números hay vidas, historias y un enorme potencial que muchas veces se ve opacado por barreras estructurales, prejuicios y falta de oportunidades.
Buendía García mencionó que a nivel nacional, el panorama tampoco es alentador. “Apenas el 6.1% de las personas con discapacidad cuentan con un empleo formal, una cifra abismalmente baja en comparación con el 60% de la población general que está económicamente activa. Esto no solo perpetúa la desigualdad, sino que también limita el desarrollo social y económico de nuestra sociedad en su conjunto”,
Finalmente comentó que la iniciativa complementa una presentada recientemente por el diputado Víctor Hugo Romo, porque “creemos en la colaboración y el compromiso de todos”. “La inclusión laboral no es un favor ni una concesión; es un derecho humano”, recalcó al señalar que la inclusión laboral, aunque garantizada en el papel, sigue siendo una asignatura pendiente en la práctica.
Las personas con discapacidad enfrentan una serie de obstáculos que limitan su participación en el mercado laboral como desconfianza y prejuicios; falta de accesibilidad; limitaciones en la formación: y precariedad laboral.
Se suscribieron a la iniciativa las diputadas Janet Guerrero, Adriana Espinosa, Silvia Sánchez, Daniela Álvarez, Diana Barragán, Rosario Morales y los diputados Miguel Macedo y Pablo Trejo.
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