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Presentó una iniciativa para que se obligue a las constructoras a reparar los daños que resulten de sus trabajos y que la SOBSE vigile la entrega del espacio en condiciones óptimas.
El diputado Alberto Vanegas Arenas, del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para que, a través de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), se obligue a las empresas contratistas de obras públicas a dar mantenimiento al espacio físico que haya resultado afectado por la o las obras que se realicen.
Al presentar su iniciativa, el legislador por Tlalpan apuntó que el impacto que tienen las obras públicas en nuestras calles, banquetas y espacios urbanos afecta directamente en la calidad de vida de millones de ciudadanas y ciudadanos y muchas veces las empresas encargadas de realizarlas no se responsabilizan del deterioro que generan.
Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, indicó que es común escuchar quejas de vecinas y vecinos sobre los problemas ocasionados por las obras públicas, como bloqueos viales, el ruido y el deterioro del paisaje cercano, “lo que evidencia el impacto negativo que generan las mismas mientras están en proceso”.
Vanegas Arenas refirió que en este 2024 se destinaron más de 8 mil millones de pesos para la conservación de la superficie de rodamiento, adecuaciones urbanas y al mantenimiento de parques y espacios públicos, lo que representa casi la mitad del presupuesto anual de la Secretaría de Obras y Servicios.
“Estas obras, ejecutadas, tanto por el gobierno como por empresas contratistas, están respaldadas por diagnósticos previos y finales obligatorios, además de estudios técnicos sobre las áreas intervenidas”, agregó.
Sin embargo, Alberto Vanegas indicó que con frecuencia se identifican deficiencias en la supervisión y el cumplimiento de estándares necesarios para garantizar que las zonas rehabilitadas no sólo recuperen su estética, sino también su funcionalidad.
Esto, añadió el diputado tlalpense, deriva en espacios que, aunque intervenidos, no cumplen con los requerimientos de seguridad, accesibilidad y durabilidad esperados.
“Esto no puede seguir ocurriendo en una ciudad transformadora y de derechos. Debemos dejar claro que la obra pública es para construir, pero también para preservar y mejorar”, recalcó.
Por ello, Alberto Vanegas mencionó que esta propuesta pretende reformar la Ley de Obras Públicas y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, ambas de la Ciudad de México, con el objetivo de que las autoridades garanticen que las zonas dañadas sean restituidas en condiciones óptimas de habitabilidad y seguridad.
Además de establecer en la misma Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México que es responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios vigilar que, cuando haya participación de empresas por licitación, el área en el que se llevó a cabo la obra se entregue en condiciones óptimas para evitar afectaciones a las vecinas y vecinos y a la infraestructura urbana.
“La obra pública tiene el potencial de ser un motor de justicia social al diseñar espacios que garanticen el acceso equitativo y seguro para grupos históricamente vulnerados, como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad motriz y adultos mayores”, dijo.
Explicó que esta iniciativa tiene el propósito de generar beneficios tangibles mediante obras públicas que cumplan con estándares de seguridad, funcionalidad y estética adecuados; “también busca posicionar la seguridad vial al garantizar que las intervenciones se lleven a cabo con una planeación, ejecución y supervisión responsable”.
“Hagamos que la Ciudad de México sea un modelo en la gestión responsable de sus obras públicas; respaldemos esta iniciativa que también es una cuestión de justicia social y respeto hacia nuestra ciudadanía”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
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