Las y los diputados de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México rechazamos las mentiras y el cinismo con el que Acción Nacional pretende descalificar las serias acusaciones que pesan en contra del grupo que ha gobernado durante más de dos décadas en la demarcación Benito Juárez.
Sendas investigaciones por parte de medios de comunicación, denuncias de cientos de vecinos y la labor de las autoridades en materia de desarrollo urbano y procuración de justicia han sacado a la luz una intrincada red de corrupción inmobiliaria auspiciada por los altos funcionarios de Benito Juárez.
Lo hemos sostenido reiteradamente: es absolutamente inadmisible que las personas servidoras públicas utilicen los cargos para favorecer sus intereses personales. Hoy en día, no existe fuero en la Ciudad de México y los servidores públicos deben hacerse responsables por los delitos que comenten en sus cargos. No hay excepción para la aplicación de la justicia.
No obstante, Acción Nacional exige un inaceptable esquema de justicia selectiva. Pretenden descalificar con calumnias a las autoridades que, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, investigan la comisión de sus ilícitos.
Insultan la inteligencia de la ciudadanía al pretender engañar con sus falsos discursos de víctimas. Si no existieran los delitos de los que se les acusa, entonces no ocultarían los archivos de la Alcaldía sobre las manifestaciones de obra y los pisos excedentes en la demarcación. Sería más fácil demostrar que todos los pisos autorizados se han construido respetando la norma y conforme a Derecho. Notoriamente este no es el caso.
No aceptamos que los panistas se digan víctimas de persecución política cuando son capaces de convalidar despojos en contra de las comunidades, extorsionar, permitir construcciones que no cumplen con las normas de protección civil, desviar recursos de la reconstrucción, ocultar información, enriquecerse indebidamente a costa de la buena fe de las personas. La corrupción inmobiliaria en Benito Juárez representa 7 mil 142 millones de pesos.
Es una cobardía alegar persecución política cuando los cientos de pisos excedentes están a la vista de todos, cuando ocultan la información sobre las obras, cuando Benito Juárez es la alcaldía con peores calificaciones en materia de transparencia. Gracias a la corrupción inmobiliaria colapsaron edificios nuevos en el sismo de 2017, hoy Benito Juárez tiene severos problemas de impacto urbano y ambiental, problemas de disponibilidad de agua, estacionamientos y vialidades saturadas, además de que muchas familias padecen inseguridad jurídica e incertidumbre sobre su patrimonio.
Asumen que su condición de oposición les concede patente de corso para cometer toda clase de fechorías. Es ridículo que, ante la probada comisión de conductas delictivas, lancen cortinas de humo llamándose perseguidos. Quieren convertir la impunidad en otro de sus privilegios.
La autoridad competente y diversos medios de comunicación han evidenciado la solidez de diversas acusaciones de corrupción inmobiliaria en contra de estos funcionarios panistas y estas personas imputadas tienen, tanto el deber jurídico y ético de responder ante las autoridades judiciales, como el derecho a la defensa y a ser oídos y vencidos en juicio. Gozan de la presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que es absurdo e inadmisible que se escuden en la salida simplona de autonombrarse perseguidos políticos.
Con la Cuarta Transformación se acabaron los tiempos de la impunidad. Combatiremos con firmeza la corrupción y dejamos claro que todas y todos los servidores públicos debemos rendir cuentas a la sociedad y responsabilizarnos por nuestros actos.
