- Es una iniciativa de reformas al Artículo 212 de la Ley de Transparencia de la CDMX, para igualar el plazo local con el federal.
- El diputado Carlos Mirón presentó la propuesta ante el Congreso capitalino, para garantizar de manera efectiva el derecho al acceso a la información pública.
Con la finalidad de homologar el tiempo de respuesta a las solicitudes de información pública por parte de las dependencias, instituciones y organismos federales y locales, el diputado Carlos Mirón presentó este miércoles, ante el Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas capitalina.
Ante el Pleno de la Comisión Permanente, explicó que el Artículo 212 de dicha ley mandata a los “sujetos obligados” a responder las solicitudes de información en el menor tiempo posible, sin exceder nueve días contados a partir del día siguiente de su recepción. Sin embargo, precisó, también permite ampliar el plazo otros siete días cuando existan razones justificadas.
El integrante de la bancada de Morena señaló que, en contraste, el Artículo 135 de la Ley de Transparencia federal otorga 20 días para dar respuesta y la posibilidad de ampliar el plazo 10 días más. Es decir, 16 días en la Ciudad de México y hasta 30 días hábiles en el ámbito federal.
“En aras de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública, y para que los sujetos obligados tengan mayor oportunidad de brindar la debida atención a las solicitudes de la ciudadanía, es necesario homologar los tiempos de respuesta a nivel local con el federal”, consideró.
En ese contexto, recordó que todas las personas -sin necesidad de acreditar algún interés o justificar su utilización- tienen acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos, como lo establecen los artículos sexto de la Constitución Política de México y el 7 de la Carta Magna capitalina.
“Los sujetos obligados de la Ciudad de México, en cumplimiento del principio de máxima publicidad, tendrían más tiempo para responder las inquietudes de la ciudadanía. Consecuentemente, habría menos recursos de revisión”, aseveró.
Desde la tribuna del Recinto de Donceles y Allende, Carlos Mirón expuso que ello implicaría que el ciudadano que solicitó la información está conforme con la respuesta recibida. Además, apuntó, habría menos medidas de apremio y sanciones a quienes detentan la información
“En conclusión, al tiempo que se sigue proveyendo lo necesario al solicitante, mediante procedimientos sencillos y expeditos que respeten y den cumplimiento su derecho de acceso a la información pública, los sujetos obligados cumplen con lo que se ordena en la materia”, puntualizó.
El legislador por el Distrito XIV reiteró que, si bien su iniciativa está encaminada a homologar los tiempos de respuesta a las solicitudes de información a nivel local y federal, también es importante tomar en cuenta que el fondo del acceso a ésta es cuando los órganos la entregan directamente a las personas solicitantes.
“Es ahí donde realmente se cumple, se concreta, se lleva a cabo el acceso a la información pública (…). Se debe reconocer que cuando los órganos de gobierno, judiciales y legislativos cumplen con la información, es cuando se cumple en realidad y de manera cabal con el derecho a la información”, sentenció.
Esta iniciativa de modificación al Artículo 212 de la citada Ley de Transparencia de la Ciudad de México, en materia de tiempos de respuesta de los sujetos obligados, busca garantizar el derecho al acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos y político administrativos, así como de las 16 alcaldías capitalinas.
También de los organismos paraestatales; universidades públicas; partidos políticos; sindicatos; fideicomisos y fondos públicos, o bien cualquier persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la capital del país.
La propuesta del diputado Carlos Mirón fue turnada por la Mesa Directiva del Congreso capitalino a la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, para su análisis y dictaminación.
