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Esta mala resolución vulnera los derechos de las personas que denunciaron actos de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez, aseveró la diputada Xóchitl Bravo
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Diputados de Morena, encabezados por su Coordinadora, ofrecieron una conferencia de prensa al respecto
Las y los diputados de Morena expresaron su absoluto rechazo a las decisiones del Poder Judicial de la Federación (PJF), debido a que un Tribunal Colegiado ordenó reponer parte del proceso iniciado en contra del panista Christian Von Roehrich, acusado de estar involucrado en el llamado Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez.
En conferencia de prensa, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa aseveró que la protección concedida al extitular de dicha demarcación y excoordinador de la bancada del PAN en la Legislatura pasada del Congreso de la Ciudad de México es un hecho lamentable del PJF, porque la impunidad es desigualdad.
“Esta mala resolución no solamente tiene que ver con un fallo, sino también con la vulneración de los derechos de las personas que denunciaron actos de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, que fueron ratificados por los mismos funcionarios de esa demarcación, hoy muchos de ellos presos y otros prófugos”, subrayó.
En el Lobby del Recinto de Donceles, explicó que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó el fallo de la jueza Paloma Xiomara González, que en noviembre de 2023 determinó invalidar parte del proceso. Ello, agregó, bajo el argumento de que hubo vicios formales en el debido proceso del militante del blanquiazul, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
“Resulta profundamente indignante conocer esta decisión de proteger a delincuentes de ‘cuello blanco’. El hecho de que las juezas y los jueces emitan resoluciones contrarias al interés popular o que dificulten el acceso a la justicia para las víctimas es preocupante”, recalcó.
Bravo Espinosa aseveró que ello no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que también perpetúa la sensación de impunidad, especialmente cuando beneficia a personas con poder o recursos.
Indicó que, en un Estado de derecho, los jueces deben actuar con imparcialidad y compromiso hacia la justicia, considerando los aspectos legales y el impacto social y moral de sus decisiones. “Si bien la independencia judicial es clave para garantizar un sistema robusto, también lo es la rendición de cuentas para prevenir que esta independencia se traduzca en decisiones arbitrarias o alejadas de los principios de justicia”.
En ese contexto, consideró esencial que la sociedad civil, los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación sigan vigilantes y exijan que las resoluciones judiciales reflejen la ley, así como los principios éticos y derechos fundamentales de todas las personas.
En su oportunidad, el diputado Paulo Emilio García González invitó a la ciudadanía a investigar la trayectoria del titular del Octavo Tribunal Colegiado, Jorge Lagunes Leano, quien se ha destacado por favorecer a delincuentes de “cuello blanco” como Genaro García Luna, a quien concedió un amparo en 2022 y que hoy se encuentra preso en Estados Unidos por narcotráfico.
Precisó que también concedió amparos a Alejandro Olvera, exrector de la Universidad del Estado de México (UAEM), implicado en la “Estafa Maestra”; al feminicida Carlos Enrique “N”, y al principal operador del Cártel Inmobiliario, Nicias Aridjis.
“Es una muestra más del componente que hay, entre traficantes de influencias y jueces corruptos”, señaló el Vocero de la Bancada de Morena. Asimismo, se pronunció a favor de la Reforma Judicial y rechazó el pacto judicial inmobiliario que tanto daño ha causado a la ciudadanía.
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