PROPONEN MAYOR CLARIDAD EN LOS ACTOS ILÍCITOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

 

  • La falta de claridad en el Código Penal local ha favorecido una aplicación discrecional por parte de las autoridades, advirtió la diputada Yuriri Ayala Zúñiga.

 

 

Debido a que el Código Penal para el Distrito Federal no establece con suficiente claridad las conductas que se encuentran prohibidas en el manejo de residuos sólidos no peligrosos, la diputada del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Yuriri Ayala Zúñiga presentó una iniciativa para reformar su Artículo 346, en su fracción VI y dejar bien establecidas qué actividades son sujetas a sanción.

En su proyecto, la legisladora Yuriri Ayala justificó la necesidad de hacer estos cambios pues la falta de claridad ha favorecido una aplicación ampliamente discrecional de la norma por parte de las autoridades, contraviniendo los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en la aplicación de la ley.

La representante popular por la Alcaldía de Gustavo A. Madero explicó que si bien el Código Penal establece sanción con prisión y multa a quien “ilícitamente maneje residuos sólidos no peligrosos”, no hay mayores elementos que permitan al ciudadano identificar con precisión qué casos serán considerados ilícitos.

Por ello su propuesta es ampliar lo que actualmente establece el Artículo 346 para mandar la obligación de contar con el permiso expedido por la autoridad correspondiente para el manejo de residuos sólidos.

La iniciativa de la legisladora de Morena propone adherir la Fracción VI del Artículo 346 del ordenamiento para establecer una redacción más específica de los actos ilícitos sujetos a sanción, para quedar de la siguiente manera.

“Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien sin el permiso expedido por la autoridad correspondiente o de manera ilícita: desarrolle o ejecute actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos que no se encuentran contemplados en la fracción XXXII de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos”.

Las penas previstas en el citado artículo se impondrán siempre que se ocasionen daños a la salud de las personas o uno o más ecosistemas o sus elementos y se aumentarán en una mitad cuando las conductas descritas en las fracciones anteriores se realicen dentro de:

  1. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia de la Ciudad de México, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
  2. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecológico de la Ciudad de México aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;
  3. Una barranca;
  4. Una zona de recarga de mantos acuíferos; o e. Un área verde en suelo urbano.

Con esta acción también se da respuesta a lo que determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha señalado que la fracción mencionada, vulnera el principio de legalidad al no establecer con suficiente claridad las conductas que se encuentran efectivamente prohibidas, concluyó la Diputada.

La iniciativa fue enviada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

 

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