LEGISLAR EN MATERIA DE PATRIMONIO DIGITAL PROPONE RICARDO RUIZ

 

  • El Diputado destacó la necesidad de hacer valer la última voluntad de las personas sobre su información en la Web.

 

La persona designada como heredera,podrá realizar las gestiones necesarias ante las plataformas digitales para acceder a la cuenta personal del testador y cumplir su voluntad sobre el destino final de patrimonio digital, señaló el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El legislador reconoció que existe una laguna en la materia, por lo cual presentó una iniciativa para incluir en el Código Civil el concepto de patrimonio digital, entendido como el conjunto de bienes intangibles que contienendatos personales, imágenes o archivos y que son parte de la identidad de una persona.

“Son pocas las plataformas digitales que proporcionan una opción de qué hacer al momento del fallecimiento del titular; sin embargo, esa opción no otorga certeza sobre el destino final del patrimonio digital”, consideró.

Ruiz Suárez expuso que, de acuerdo con el estudio “Tecnología digital en México”, el uso de las redes sociales llegó a los 83 millones de usuarios en 2018. Asimismo, refiere el documento, la disposición post mortem de los bienes digitales en América Latina, permanece de manera perpetua en los servidores de Internet, creándose así una especie de “zombis digitales”.

Reconoció que son pocos los países que han abordado el tema desde el punto de vista jurídico,siendo uno de ellos Francia,que con su Ley sobre una República Digital, permite a las personas que lo deseen, dejar en vida su testamento digital oen caso de que no haya un albacea, depositar esa responsabilidad en los familiares directos.

“Tenemos que avocarnos a revisar cuáles serían las mejores normas, en este momento, donde lo digital implica prácticamente la identidad de las personas en muchos sentidos”, finalizó.

La iniciativa para adicionar un Artículo 789 Bis y adicionar un párrafo al Artículo 1281 del Código Civil del Distrito Federal fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

 

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