INICIATIVA DE YURIRI AYALA PARA REDUCIR CARGA ECONÓMICA A CAPITALINOS ANTE IMPOSIBILIDAD DE PAGOS EN LA EMERGENCIA

 

  • El reto es generar una política legislativa que aminore el impacto económico que derive de las relaciones contractuales.

 

Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19,es necesario que el Congreso local asuma un papel protagónico en la protección de los intereses financieros o económicos de los capitalinos y evitar violaciones al ejercicio de sus derechos fundamentales ante la imposibilidad de solventar el pago de las obligaciones contractuales, señaló la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.

“El reto es generar una política legislativa que aminore el impacto económico que han sufrido las familias en la Ciudad de México, modificando el marco normativo en materia civil para posibilitar la disminución de las cargas que deriven de relaciones contractuales con base en los principios de proporcionalidad, racionalidad, capacidad de pago y autonomía de la voluntad”, precisó.

La legisladora de Morena presentó una iniciativa de reforma al artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal la cual fue turnada por la Mesa Directiva de este Órgano Parlamentario a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.

Explicó Ayala Zúñiga que en caso de que las partes se nieguen a llegar a un acuerdo, operaría la teoría de la imprevisión que sostiene que los tribunales tienen el derecho de suprimir o transformar las obligaciones contractuales cuando las condiciones de la ejecución se encuentren modificadas por las circunstancias sin que las partes hayan podido prever los cambios derivados de hechos o actos supervenientes que no les son propios.

Consideró que el derecho privado también se encuentra sometido al orden constitucional por lo que las partes, si bien se rigen por el principio de autonomía de la libertad, no pueden actuar arbitrariamente o aprovecharse de la situación de inestabilidad de un particular al no poder garantizar el pago puntual.

Lo anterior, aseguró, no constituye una transgresión al principio de autonomía sino una armonización de este principio con los diversos derechos buscando una solución que propicie la conformidad de todas las partes involucradas.

 

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