CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL SECTOR PÚBLICO, INICIATIVA DE LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

 

  • La Diputada Guadalupe Chavira aclaró que los proyectos de asociación entre el Sector público y la iniciativa privada deben estar plenamente justificados;
  • Deben especificar el beneficio social y ser congruentes con los principales lineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo de la Ciudad de México y los respectivos planes de las alcaldías.

 

En un esquema de acuerdo contractual entre instancias del gobierno y del sector privado, para incrementar el bienestar social y los niveles de inversión en la capital del país, la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa presentó una iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas de la Ciudad de México.

Se trata de un convenio para “la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en la Ciudad de México”, explicó la legisladora de Morena.

En la mencionada iniciativa, que se presentó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, aclaró que los proyectos de asociación público privado deben estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener, demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento y ser congruentes con los principales lineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo de la Ciudad de México y los respectivos planes de las alcaldías.

La iniciativa contempla la participación privada con proyectos que realicen la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos públicos autónomos.

Los proyectos de asociaciones público privadas que se realicen con recursos federales se sujetarán a lo previsto en la legislación federal.

Los esquemas de asociación público privada regulados “en esta Ley son opcionales y podrán utilizarse en actividades cuya legislación específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante, el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones para la prestación de los servicios correspondientes y no podrán referirse a los casos en los que las disposiciones aplicables señalen que no pueda intervenir el sector privado”.

Es importante recalcar que la iniciativa se plantea en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, para que la ciudadanía tenga mucha claridad cuando hay manejo de recursos públicos en coordinación con el sector privado.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la iniciativa a comisiones unidas para su análisis y dictaminación.

 

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