GOLPE CERTERO AL CRIMEN CON APROBACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

 

  • No constituye un peligro para las personas que hayan obtenido bienes de manera honrada: Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.

 

Para el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, realizada por la Cámara de Diputados, es un golpe certero al crimen, ya que los delincuentes no podrán conservar más sus bienes, producto de actividades ilícitas.

 

De esta manera, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, los criminales perderán sus derechos y consideró que no es excesiva la legislación, porque las personas sin vínculos con la delincuencia no están en riesgo de perder lo que hayan obtenido con su trabajo honrado.

 

“Para la Cuarta Transformación, la Ley de Extinción de Dominio es necesaria para impulsar el combate frontal a la impunidad. Con esta reforma constitucional se ha fortalecido y restructurado la manera legal para que el Estado persiga de manera eficiente la propiedad de inmuebles adquiridos de manera irregular“, dijo.

 

Nazario Norberto recalcó los ciudadanos tienen la garantía de que para realizar el procedimiento extinción de dominio, se establece que el Ministerio Público deberá acudir a un juez civil que sea ajeno a los procesos penales que se le sigan a los delincuentes para decretarla.

 

“Esto significa que los mexicanos tendrán la certeza de que sus derechos serán respetados bajo un procedimiento civil y conceptualmente distinto de la rama penal”, mencionó.

 

Finalmente, Norberto Sanchéz recordó que la extinción de dominio sólo es procedente en ilícitos de delincuencia organizada, y delitos como el secuestro, en materia de petroquímicos, hidrocarburos y petrolíferos, también conocidos como “Huachicoleo”, delitos contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión, así como los delitos cometidos por servidores públicos.

 

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