REFORMAS A LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; ASÍ COMO RECONCEPTUALIZACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA: RUBIO ALDARÁN

 

  • El diputado Eleazar Rubio Aldarán presentó tres iniciativas en materia de asistencia social, en materia de revisión y reconceptualización de los delitos menores y para revisar la legislación en materia de sanciones administrativas.

 

Eleazar Rubio Aldarán presentó ante la Comisión Permanente tres iniciativas que promueven reformas ley de asistencia e integración social de acuerdo con las necesidades surgidas en el ámbito de la Salud; la revisión de conceptos establecidos en el artículo 333 del Código Penal y del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica; a su vez, se presentó la adición de un segundo párrafo al artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en materia de sanciones administrativas que se han presentado debido a la emergencia sanitaria.

A continuación, se presenta una síntesis de las iniciativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODICAN LOS ARTÍCULO 12 Y 15 DE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

A través de los años la Ciudad de México ha pasado por innumerables acontecimientos, situaciones o hechos graves que la han expuesto a ser vulnerable tras las adversidades y vicisitudes que se le presentan a esta gran Ciudad día con día.

Por lo anterior, su Gobierno debe estar atento, ser fuerte y sobre todo brindar los mecanismos, programas, mejoramientos y solidaridad general, con el fin de combatir y afrontar las situaciones de gran delicadeza por desastres naturales, virales o demás hechos lamentables.

Sin embargo, uno de los temas que requiere más eficacia es el referente al ámbito del sector Salud, ya que principalmente las personas vulnerables son las que más carecen de asistencia médica en su vida cotidiana, pero cuando la Ciudad pasa por un momento o acontecimiento desafortunado, la población vulnerable es a la que más se le dificulta acceder al sector salud para que pueda ser atendida o tratar alguna enfermedad.

Por tal motivo, se propone: Que además de los servicios de asistencia e integración social dirigidos a los usuarios que ya establece la Ley Federal, esta se robustezca para seguir mejorando y promoviendo el bienestar de cada persona que requiera de los servicios de forma fácil, segura y eficaz que den grandes resultados, esto con la tranquilidad de que fortalezca la calidad de lo que representa cada sector, pero que en su defecto se dé la relación  y apoyo de los sectores públicos y privados, brindando sus servicios en los casos de mayor adversidad por lo que esté pasando la Ciudad de México e incluso en el ámbito  local- regional. Por tanto, las personas que requerían de apoyo económico o salud, o cual sea el caso, no serán dependientes de una persona encargada, ya que estos programas deben ser otorgados sin ninguna afinidad de clientelismo o partidismo.

Así mismo se plantea que cuando exista causas y casos de fuerza mayor el sector salud priorizará las mejoras primordiales y especialmente sobre todo en los espacios u áreas laborables para nuevo personal que ayude a agilizar y mejorar el servicio a pacientes vulnerables.

La Iniciativa se turnó a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA PARA EL DISTRITO FEDERAL

En los delitos de bagatela, no se respeta el principio de proporcionalidad de las penas, así como el principio según el cual el derecho penal debe tener una intervención mínima. Por lo que resulta necesario analizar el contenido del artículo 333 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual plantea como delito la violación de correspondencia.

Se puede afirmar que los delitos de bagatela son comportamientos de insignificante contenido delictivo, sujetos a una reacción estatal considerablemente excesiva, se ha intentado desde diversos campos resolver esta problemática, en virtud se encuentran sugerencias de reforma tanto en el campo del derecho penal como en el ámbito del derecho procesal; e incluso, desde la óptica del derecho administrativo sancionador.

La iniciativa problematiza y concluye que, en los delitos de bagatela, resulta por lo menos cuestionable saber si se respeta el principio de proporcionalidad de las penas, así como el principio según el cual el derecho penal debe tener una intervención mínima.

Por lo que resulta necesario plantear esta iniciativa de reforma, para dar solución al fenómeno de los delitos de bagatela, ya que, analizando las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia, se tiene que del año 2016 al 2020, se han iniciado 101 carpetas de investigación por el delito de violación de correspondencia.

Es por ello, que a efecto de atender el principio de intervención mínima en el derecho penal, resulta necesario derogar el artículo 333 del Código Penal para el Distrito Federal, por lo argumentos antes realizados.

Y se propone que se reforme la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal en su artículo 28 y se agregue la facción XVIII, para remitir la conducta establecida en el artículo 333 del Código Penal para el Distrito Federal, en la Ley de Cultura Cívica, para que sea una falta administrativa la conducta consistente en que, a quien abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, se le impondrá de treinta a noventa días multa.

La Iniciativa se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Desde el inicio de la propagación del virus SARS-COV2, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado acciones dirigidas a prevenir, evitar su contagio y propagación en la salud de las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad, conforme a los “Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” y el Sistema de Semáforo (coordinado con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal). Por esta razón, se puso a disposición una plataforma de registro de las actividades económicas y los lineamientos y normas que debe seguir cada uno de los establecimientos que presten servicios bajo el estricto cumplimiento y observancia de todas y cada una de las medidas sanitarias contenidas en los mismos.

Es en este sentido, es cuando en la Iniciativa se plantea que se requieren de medidas y mecanismos más claros para que las leyes correspondan a lo decretado debido a la emergencia sanitaria, especialmente en lo que respecta a las sanciones administrativas por incumplimientos en las medidas, toda vez que son diferentes, de acuerdo a las razones sociales y a las personas físicas,  dependiendo de qué se está hablando  y, en general quien se oponga en cuanto a seguir con sus actividades a pesar de que está impedido por decreto. Es por ello que la propuesta de reforma adiciona un segundo párrafo al artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos donde estipula que, en caso de emergencias o decretos federales, las sanciones deberán regirse de acuerdo con los reglamentos y normas federales como locales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local.

 

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