SE DEBEN RESPETAR LOS TIEMPOS PARA UNA NUEVA NORMATIVIDAD EN LA ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA

 

  • La diputada Ana Cristina Hernández presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Electoral a que considere que en los próximos días se discutirá una nueva Ley en materia de participación ciudadana.

 

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que en materia del proceso de elección de los órganos de representación ciudadana y la consulta en materia de presupuesto participativo, considere que en los próximos días los diputados de esta capital discutirán una nueva normatividad en la materia, Expuso la diputada Ana Cristina Hernández Trejo.

 

De igual forma, la petición legislativa exhortó a las autoridades electorales de esta Capital a que observen lo procedente en la sentencia del juicio para la protección de los derechos político- electorales, actualmente en curso.

 

“La oposición, desinformando a la sociedad generó un ambiente de especulaciones sin sustento que de manera directa provocó que una persona solicitara al Consejo General del Instituto Electoral la emisión de una convocatoria en la materia”.

 

Hernández Trejo precisó que pese a que la petición ciudadana fue rechazada, la promovente interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales por el que la sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral resolvió revocar parcialmente la sentencia, para ordenar al Instituto Electoral la emisión de la convocatoria con efectos concretos solo para la Colonia Juárez, en la que habita la ciudadana inconforme.

 

Recordó que la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral local interpuso un recurso de reconsideración solicitando la revocación de la sentencia por considerar que se encuentra parcialmente fundada y motivada, dejando de lado el análisis relativo a las consecuencias de la resolución que trastoca principios de rango Constitucional como los de igualdad en condiciones en la participación y certeza en las reglas que guían todo proceso electivo.

 

“Realizar alguna acción distinta por parte del Instituto, además de propiciar efectos políticos que enturbiarían el proceso electivo, implicaría extralimitar sus facultades y violar de manera flagrante el principio de legalidad, imperante en el orden jurídico nacional”.

 

 

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