REFORMAS EN MATERIA PENAL PARA LA PRESENTACIÓN DE VIDEOAUDIENCIAS Y EVITAR LA CORRUPCIÓN EN IMPUTACIONES

 

  • El Diputado Eleazar Rubio presentó una Iniciativa para reformar la Ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, para promover la utilización de recursos electrónicos para posibilitar audiencias a distancia.

 

  • Se propone la reforma al artículo 140 del mismo CN de Procedimientos Penales para evitar la corrupción en imputaciones en caso de detención por flagrancia.

 

Ante la Comisión Permanente, el Diputado Eleazar Rubio Aldarán presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversos ordenamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales para agregar los párrafos segundo y tercero al Artículo 52,  reformar el Artículo 55 y agregar un párrafo tercero, y de igual forma se agrega el párrafo cuarto al Artículo 56, para evitar casos de corrupción en los casos de detención por flagrancia.

Las principales ventajas de implementar el sistema de videoaudiencias, se encuentra la de optimizar el tiempo empleado en la tramitación de las causas penales o juicios en general, la reducción de los gastos en cuanto a erogación de los costos del desplazamiento de las partes de un punto a otro, evitar el traslado de un punto a otro de inculpados con un perfil criminológico alto, examen de testigos, peritos, o terceros que se encuentren fuera del lugar del juicio, permitiendo a su vez surta su efecto el principio de inmediación judicial de la prueba, toda vez que a través de este medio, el juez del Proceso puede percatarse de los pormenores de la diligencia como el comportamiento procesal de las partes.

Considerando que no se violentaría de ninguna forma el principio de inmediación establecido en al artículo 20 de nuestra Constitución Política, ya que en el sistema acusatorio no es relevante que el juez observe entre otras cosas, gesticulaciones o movimientos del imputado o testigos, ya que bastará con que el juzgador escuche los argumentos de las partes y las demás probanzas que conforman la carpeta Ministerial o judicial según el caso, lo cual servirá para emitir su resolución correspondiente.

Por lo que se propone que las audiencias, podrán desahogarse de manera presencial o mediante video audiencias, previo acuerdo de las partes o por determinación del Juzgador, durante la investigación inicial, investigación complementaria, la intermedia o de preparación del juicio y la de juicio en su caso, cuando se trate de asuntos en los que el término medio aritmético del delito, no sea mayor a cinco años de prisión y sin detenido.

Por su parte, se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma otro de los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que en el párrafo segundo del artículo 140 se establece que, si el Ministerio Público decreta “la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado…”. Y la realidad es que, una vez que libera a las personas, no se sabe con exactitud a cuántas de ellas llama para iniciar el proceso penal.

De lo antes analizado, es evidente que la representación social ha pasado por alto lo establecido en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se violan los derechos humanos del imputado, la autoridad Ministerial no cumple con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y su actuar se contrapone a lo establecido al principio de Presunción de inocencia.

Por lo que se propone que en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, deberá decretar la libertad del imputado e imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este Código. En su caso el Ministerio Público deberá acreditar la prisión preventiva justificada.

 

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