PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD EN EL TRANSPORTE EN CASO DE EMERGENCIA SANITARIAPROPONE ANA CRISITINA HERNÁNDEZ

 

 

  • Presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad local.

 

Debido a la gran afluencia de personas en el transporte público es necesario implantar medidas de protección para la salud de los ciudadanos y evitar posibles contagios cuando las autoridades del Gobierno Capitalino declaren una emergencia sanitaria.

Lo anterior forma parte de una propuesta de reforma a los artículos 80, 251, 254 y una  adición al Artículo 73 Bis, de la Ley de Movilidad, presentada por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, la cual fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable para su análisis y dictaminación.

“Es necesario regular la obligación del Sistema Integrado de Transporte Público, respecto a cumplir con las medidas sanitarias como consecuencia de una declaración de emergencia, para protección de las personas que usan diariamente cualquiera de las posibilidades del transporte público de la Ciudad de México”, expuso.

Refirió que en el contexto actual de la pandemia por el virus SARS-CoV2, al entrar en la fase 3 el 23 de abril pasado, una de las medidas fue el cierre del 20 por ciento de las estaciones de Metro, Metrobús y Tren Ligero, además del uso obligatorio del cubrebocas.

También las secretarías locales de Salud y Movilidad acordaron un límite máximo de 60 por ciento de la capacidad total de cada unidad, así como su desinfección, limpieza y mantenimiento en sus sistemas de ventilación y, de ser posible, brindar a los usuarios gel con base de alcohol al 70 por ciento.

En este sentido, la también Presidenta de la Comisión de Juventud dijo que las medidas sanitarias que actualmente se han activado, junto con las recomendaciones de higiene para operadores, usuarios y personal de atención, deben constituirse en un protocolo de actuación cuando una emergencia como la actual así lo amerite.

La Iniciativa presenta por Hernández Trejo incluye una propuesta para que los

los concesionarios o permisionarios que incumplan, sean sancionados con una multa de 40 a 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

 

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