PROPUESTA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y QUIENES SUFREN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

 

  • Se proponen reformas a las Leyes de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, y la de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar de la Ciudad de México.

 

El diputado Eleazar Rubio Aldarán presentó dos iniciativas con miras al mejoramiento en la atención a las personas con discapacidad o que sufren violencia familiar.

A continuación se presentan las reformas:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONAN LOS INCISOS A Y B DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14, TODOS DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena, 8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación. México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990, y en 1992 el país se reconoció como una nación pluricultural al modificarse el artículo 2 de su Constitución.

De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México hay 8 millones 918 mil 653 habitantes, de las cuales 8.8% se auto adscriben como indígenas, es decir: 785 mil e históricamente son considerados como un grupo vulnerable en virtud de su desventaja de herramientas sociales para desarrollo, pobreza y el lenguaje exclusivo de su comunidad por lo que consideramos necesario que las instancias oficiales y privadas que prestan trámites y servicios deben dar trato preferencial, adecuado e incluyente en el marco de la ley de atención prioritaria para las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México con el objeto de procurar el acceso a los trámites y servicios de manera fácil a toda la población sin distingo.

Por lo que se propone que las instancias oficiales deberán contar con el personal adecuado y las herramientas idóneas para brindar una adecuada atención a las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad  y que sean de grupo indígenas y pueblos originarios.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Se propone una mejor atención a los menores que están envueltos en una situación de violencia intrafamiliar, puesto que la manera en que el menor es escuchado, es decir, el lugar, el entorno, la asistencia letrada y el trato de las autoridades, tiene enorme trascendencia para que el menor pueda expresarse de la forma más conveniente para que el resultado sea el más justo.

La conveniencia, no solo desde la perspectiva del superior interés del menor, sino también de la psicología del testimonio tanto más preciso cuanto más cercano sea a los hechos enjuiciados, sobre todo en el caso de los menores de llevar a cabo una correcta constitución de la prueba consistente en escuchar al menor.

En la iniciativa de ley se menciona que todos los instrumentos internacionales y europeos aluden de una u otra forma a lo que se pudiera denominar «entorno amigable de la escucha». A título de ejemplo, la Resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social se refiere al derecho del menor a ser protegido de sufrimientos durante el proceso de justicia.

La especialización es esencial para el adecuado tratamiento de los menores, así como la implantación de esta en todos los ámbitos en donde los menores requieren ser escuchados.

Por lo que, en este sentido, se propone reformar el artículo 19, que a la letra menciona que:

“Cada procedimiento de solución de los conflictos familiares a que se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo en una sola audiencia. La amigable composición y resolución podrá suspenderse por una sola vez, a efecto de reunir todos los elementos de convicción necesarios para apoyar las propuestas de las partes. En todo caso, tratándose de menores antes de dictar la resolución o de establecer la conciliación, deberá oírseles atendiendo a su edad y condición a través del personal capacitado para cada uno de los casos al respecto, a fin de que su opinión sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten”.

La Iniciativa se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia

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