DEFENSA INTEGRAL Y PROTECCIÓN EFICAZ EN JUICIOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROPONE MORENA

  • A través de la iniciativa que reforma los los artículos 72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la capital, la diputada Yuriri Ayala dota de herramientas a la ciudadanía en un procedimiento

 

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga presentó una iniciativa que reforma los los artículos 72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la capital, con el objetivo de garantizar una defensa integral así como protección eficaz y eficiente del derecho de acceso a la justicia.

 

En tribuna, la legisladora explicó que la iniciativa tiene como finalidad armonizar el juicio contencioso administrativo al volver eficaz e idóneo este mecanismo ordinario de defensa, para poder impugnar la validez legal y constitucional a nivel local de los actos administrativos emitidos por autoridades de la Ciudad de México.

 

“Es decir, que la suspensión en el juicio contencioso administrativo pueda solicitarse en cualquier etapa del juicio, pero hasta antes del dictado de la sentencia ejecutoria”, explicó.

 

Aunado a lo anterior, puntualizó que con esta iniciativa se sientan las bases para que la suspensión del acto reclamado en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, surta los mismos efectos que la decretada en el juicio de amparo.

 

Ayala Zúñiga reiteró que se busca que este tipo de juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa sea de tramitación obligatoria antes de acudir al juicio de amparo, que constituye un medio de control constitucional extraordinario.

 

“De tal suerte que la ciudadanía cuente con dos instrumentos, uno ordinario y otro de control constitucional, para poder impugnar la legalidad y constitucionalidad de los actos u omisiones de las autoridades administrativas y fiscal de esta Ciudad”, aunó.

 

Por último, expuso que el juicio contencioso administrativo, tiene como objeto proteger el derecho a recurrir la resolución que emiten las autoridades fiscales o administrativas de la ciudad.

 

“Éste se encuentra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, precisamente, busca reconocer que las personas que habitan en la Ciudad de México cuenten con un medio ordinario de defensa para poder reclamar los abusos o arbitrariedades en los que pudieran caer las autoridades administrativas del orden local”, concluyó.

 

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