NECESARIO ELIMINAR CONCEPTOS DISCRIMINATORIOS POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL LOCAL

  • La diputada Yuriri Ayala Zúñiga presentó una iniciativa para modificar los artículos 23 y 450, fracción II

 

  • La SCJN estimó que dichos artículos niegan atribuciones jurídicas a personas mayores de edad con determinadas discapacidades

 

La diputada Yuriri Ayala Zúñiga presentó una iniciativa para modificar los artículos 23 y 450, fracción II del Código Civil para la Ciudad de México, que contienen disposiciones normativas que son discriminativas por discapacidad.

 

En la sesión de hoy del Congreso de la Ciudad de México, durante la exposición de motivos recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el amparo 702/2018, reiteró la inconstitucionalidad de dichos artículos. Estimó que niega la capacidad jurídica a personas mayores de edad con determinadas discapacidades, por contener un mensaje negativo y discriminatorio y restringe el derecho de dichas personas al reconocimiento de su atribución jurídica plena.

 

“Así como lo indicó la Primera Sala, el derecho a la capacidad jurídica no es una cuestión de inteligencia en las decisiones que se adoptan, ni debe estar ligada a las condiciones mentales. Se basa simplemente en el reconocimiento de la voluntad de todos ser humano como elemento central del sistema de derechos”, recalcó.

 

Por ello, dijo, la legisladora, la Ciudad de México tiene la obligación de diseñar arreglos y servicios de apoyo que den a las personas con discapacidad la posibilidad de elección y control de forma directa, planificando y dirigiendo su propio apoyo, mediante diversas medidas como es la financiación individual, así como decidir quién les presta el apoyo y el tipo y nivel de apoyo que desean recibir.

 

Ayala Zúñiga demostró que la iniciativa presentada se encuentra acorde con lo previsto en el Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Por todo lo anterior, concluyó que no debe negarse a las personas con discapacidad su cabida jurídica, sino que debe proporcionarles acceso al sistema de apoyos que necesiten para ejercerla y para tomar decisiones, asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de su condición particular y de sus requerimientos personales, con el fin de que puedan ejercer plenamente y por sí misma su autonomía y todos sus derechos.

 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

 

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