PRISIÓN DE 5 A 10 AÑOS AL SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTORPEZCA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN FEMINICIDIO: JESÚS MARTÍN DEL CAMPO

 

  • Algunos casos de feminicidio pudieron haberse evitado por parte de la autoridad responsable

 

  • De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Portal de Datos Abiertos, en 2020 se presentaron por mujeres, 22 mil 298 denuncias sobre violencia familiar y en lo que va de 2021 al mes de agosto se llevan contabilizadas 15 mil 179.

 

“Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o impartición de justicia en el delito de feminicidio, se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y de mil quinientos a dos mil quinientos días multa, además será sancionado por falta grave, de acuerdo con lo establecido en las normativas aplicables a las responsabilidades de los servidores públicos de la Ciudad de México.

Así lo dio a conocer el diputado del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José de Jesús Martín del Campo, al presentar una iniciativa de Ley para adicionar un párrafo al Artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito Federal.

El diputado señaló que el asesinato de una mujer por la simple razón de ser mujer, es un fenómeno que durante las últimas décadas se ha hecho más visible en México, y que refleja la forma más agresiva de violencia que padece la mujer frente al hombre y la sociedad en general.

Añadió que el fenómeno parece haberse mantenido invisibilizado durante mucho tiempo, de tal forma que el feminicidio no es una situación nueva o coyuntural en nuestra historia, pues es el reflejo de factores o condiciones de diversa índole que han afrontado las mujeres a través del tiempo y que les impide el pleno ejercicio de sus derechos y libertades en igualdad de circunstancias ante las demás personas.

“La gravedad y frecuencia con la que se presenta el feminicidio ha generado la necesidad de atenderlo de forma prioritaria y contundente por parte de las autoridades de los tres Poderes y niveles de Gobierno, además de hacer participe a la sociedad para su prevención”.

Ante la necesidad de visibilizar, diferenciar, procurar y administrar la justicia en delitos de asesinato que contengan razones de género en su comisión y que por su gravedad son meritorios de atender con un enfoque distinto a los demás, en junio de 2012 quedó tipificado el delito de feminicidio en del Código Penal Federal y en el caso de la Ciudad de México se logró desde un año antes, en julio de 2011.

Martín del Campo apuntó que las acciones y mecanismos que con relación al feminicidio se han ido implementando gradualmente en los últimos años dentro de la Ciudad de México, han permitido llegar a atender el fenómeno desde una visión integral, desde la prevención y respeto a las mujeres, hasta el tratamiento de los casos que lamentablemente llegan a ser materia del ámbito penal.

A pesar de lo anterior, afirmó que aún existen desafíos respecto al perfeccionamiento de las políticas públicas, las normas, la formación de los servidores públicos en cuanto a su función y responsabilidad y la permeación de las políticas en la sociedad para su concientización y en particular en el género masculino.

“En este contexto, cobran particular relevancia los criterios a implementar por parte de los servidores públicos al momento de atender los casos de feminicidio, o en la atención de sus posibles precursores que nos lleven a la prevención del mismo, partiendo de su reconocimiento adecuado para su correcto dimensionamiento y tipificación, que deriven en el establecimiento de las medidas pertinentes de protección, anteponiendo de manera acertada y sin ligereza alguna el interés en preservar la integridad de la víctima”.

En este sentido, algunos casos de feminicidio de los que hemos tenido conocimiento en tiempos recientes, pudieron haberse evitado por parte de la autoridad responsable de la procuración e impartición de justicia.

La falta de la correcta implementación de la perspectiva de género en la atención de juicios que cuentan con las características antes citadas, ya sea por negligencia o corrupción en que pudiera incurrir la propia autoridad, puede provocar que una mujer esté expuesta en grado innecesario ante el agresor que ha actuado en contra de ella, estableciendo las condiciones para que el grado de violencia pueda evolucionar de forma incremental y resulte en lesiones mayores, en algunos casos irreparables o en el peor de los casos, en feminicidio.

De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Portal de Datos Abiertos, en 2020 se presentaron por mujeres, 22 mil 298 denuncias sobre violencia familiar y en lo que va de 2021 al mes de agosto se llevan contabilizadas 15 mil 179. A lo anterior se suma 5 mil 436 carpetas de averiguación sobre amenazas, 1 mil 763 por abuso sexual, 592 por violación, y 670 por acoso sexual; todas estas durante el presente año y denunciado por mujeres.

En 2020, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que durante el primer cuatrimestre, el 66% de las llamadas por agresiones contra mujeres que se habían recibido durante la contingencia por el coronavirus COVID-19 a través del número 911, correspondieron a casos de violencia física; situación que incrementa la situación de vulnerabilidad de las mujeres ante la posibilidad de ser víctimas de delitos mayores, tal como es el feminicidio.

Antes este panorama el diputado Jesús Martín del Campo presentó la iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 148 Bis , especificando que “cuando la autoridad responsable de la procuración o impartición de justicia tenga conocimiento de antecedentes o datos que establezcan que una persona cometió amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar hacia una mujer, en donde quedó expuesta a una situación de riesgo, y que por la acción u omisión de sus funciones provoque con posterioridad se cometa el delito de feminicidio, se les impondrá prisión de tres a cinco años y de mil a dos mil quinientos días multa

 

 

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