DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA PROPONE SANCIONAR A PERSONAS QUE UTILICEN RECURSOS DE PERSONAS MAYORES PARA USO PROPIO

 

  • Los recursos económicos que reciben las personas mayores deben orientarse exclusivamente a su uso personal.

 

La Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó ante el pleno una iniciativa que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal de la Ciudad de México, para sancionar a quien administre recursos económicos de una persona mayor de sesenta años para utilizarlos en beneficio propio o de un tercero.

 

En sesión ordinaria de la II Legislatura, la representante del Distrito XXVII, mencionó que las personas mayores son un grupo de atención prioritaria y que el gobierno está obligado a adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como eliminar las barreras que impiden la realización plena de sus derechos para alcanzar su inclusión en la sociedad.

 

“De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó el año pasado el documento “Pobreza y Personas Mayores en México”, en el que refiere que el 30% de personas mayores gozan de una pensión por jubilación, obtenida como producto de sus actividades laborales desarrolladas a lo largo de su vida”.

 

Así mismo, la Diputada señaló que de acuerdo con el documento de “Pobreza y Personas mayores en México” el 70 % restante no tiene la posibilidad de acceder a una pensión social de esta naturaleza, siendo que su única fuente de ingresos es la pensión no contributiva que les proporciona el gobierno.

 

“Las personas mayores debido a la necesidad, ignorancia, inexperiencia, estado de enfermedad físico o mental en el que se encuentran, requieren el apoyo de terceras personas para que los asistan en el manejo y administración de este patrimonio; sin embargo, dichas personas en ocasiones desvían el objetivo de estos recursos, dándoles usos en beneficio propio o ajenos a los originalmente programados”.

 

En este sentido, la legisladora mencionó que el ingreso por pensión contributiva y no contributiva, constituyen el mínimo económico que llegan a obtener las personas mayores para sus alimentos, medicinas y vivienda, por ello, que las autoridades del Estado están obligadas a implementar diferentes medidas para su adecuada optimización y protección eficaz, a fin de que cumplan con el propósito para el cual fueron concebidos, evitado que de manera directa o indirecta sean despojados de ellos.

 

Acudo ante el Pleno de este Congreso para proponer intervenciones legislativas orientadas a proteger el patrimonio de las personas mayores, obtenido de las pensiones de naturaleza social; las cuales deberán realizarse sobre normas de derecho penal, en atención a la razón legitima que existe de tutelar los bienes que resultan necesarios y básicos para la vida, la subsistencia y la dignidad de los integrantes de un grupo de atención prioritaria y que debido a las condiciones en que viven se encuentran muchos de ellos en situación de vulnerabilidad”, finalizó.

 

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