INICIATIVA PARA TERMINAR CON LA TORTURA PARA USO JURÍDICO

  • La dip. Valentina Batres presentó una iniciativa para reforma la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes

 

  • Países como México, a pesar de que la prohíbe, la redacción de su ordenamiento jurídico pudiera dar pauta a diversas interpretaciones

 

La diputada Valentina Batres Guadarrama presentó una iniciativa para inhibir el uso de la tortura para uso jurídico y que las pruebas que se presenten sean de forma libre, voluntaria e informada.

Ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que son pocos países como Colombia, Finlandia y Turquía que contemplan dicho precepto. Sin embargo, México, a pesar de que la prohíbe, la redacción de su ordenamiento jurídico pudiera dar pauta a diversas interpretaciones.

“Así, la prohibición para obtener pruebas a través de tortura, en palabras de la Asociación, debe ser incondicional y sin excepción, además, debe aplicarse a todos los procedimientos; sin que las personas juzgadoras tengan poder de decisión sobre su admisión, ya que ‘cuando una persona acusada presenta denuncias de tortura u otras formas de malos tratos durante un juicio, la carga de la prueba recaerá sobre la persona juzgadora que deberá demostrar que la prueba no se obtuvo mediante ilícitos’”, comentó.

Por lo anterior la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 50, párrafo primero de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Derechos Humanos para su dictaminación y posible aprobación.

Batres Guadarrama señaló que las modificación propuesta, ayudarán a inhibir estas prácticas que violenta los derechos humanos de las personas y el acceso a la justicia.

La propuesta de reforma al Artículo 50 es:

Artículo 50.- Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directa o indirectamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivados de dichos actos.

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