NECESARIO ARMONIZAR LEYES DE LA CIUDAD PARA QUE LAS MUJERES DECIDAN LIBREMENTE SOBRE SU CUERPO

  • La diputada Yuriri Ayala presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y armonizarlo con la Ley de Salud.

 

  • Autoridades de 12 entidades desconocen número de mujeres que purgan penas de prisión por el delito de aborto; el Estado es responsable de salvaguardar su vida, refirió.

 

En la Ciudad de México las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo y en este sentido, se deben armonizar las leyes, en específico el Código Penal local, para que el aborto no sea considerado delito, fue el llamado que hizo ante el Pleno la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del Grupo Parlamentario de Morena.

 

“Se plantea derogar el delito de aborto del Código Penal, en atención al derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su propio cuerpo, previo a las 12 semanas de gestación, y posterior a dicha temporalidad cuando esté en riesgo la vida o salud de la madre o del producto, cuestión que deberá ser certificada por un médico especialista con la opinión de un tercero que pertenezca al sector salud de la Ciudad”, señaló.

 

La abogada informó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de enero de 2009 a diciembre de 2012, a nivel nacional, por el delito de aborto han sido acusadas 120 mujeres y 31 hombres; las sentencias condenatorias se concentran en Baja California, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Chiapas, Sonora, Quintana Roo y en la capital mexicana.

 

“Las autoridades de 12 entidades desconocen el número de mujeres que se encuentran purgando penas de prisión por el delito de aborto; es delicado, tomando en consideración que el Estado es responsable de salvaguardar la vida e integridad de toda persona que se encuentre en reclusión”, precisó.

 

La diputada Yuriri Ayala presentó una iniciativa para reformar los artículos 76, 144, 145, 146, 147 y 148 del Código Penal, con base en las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el documento fue turnado por la Mesa Directiva del Congreso a Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género para su dictaminación.

 

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