PRESENTAN INICIATIVA PARA EVITAR FRAUDES POR PREVENTA DE VIVIENDA


  • La diputada Paula Soto presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

  • Hasta no contar con el permiso de ocupación otorgado por la autoridad competente, no se podrán celebrar contratos de compra-venta para los proyectos de iniciación de obra de inmuebles.

 

Para evitar que las personas compradoras de vivienda sean víctimas de fraudes, la diputada Paula Soto presentó una iniciativa por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, a efecto de evitar que las empresas constructoras desarrolladoras celebren contratos de compra-venta, sin contar con el permiso de ocupación correspondiente.

Durante la sesión virtual realizada el 10 de noviembre, la proponente destacó que debido a la necesidad de las familias capitalinas para adquirir una vivienda, diversas constructoras y desarrolladoras inmobiliarias, han visto una gran área de oportunidad para ofrecer sus proyectos constructivos bajo el esquema de preventa, principalmente de edificios departamentales.

“Como sabemos, la preventa de bienes inmuebles consiste en la oferta de propiedades, cuando éstas aún se encuentran en las primeras etapas de construcción, y a un costo menor, en comparación con las propiedades totalmente construidas”, abundó.

Asimismo, explicó que este esquema de preventa de propiedades, significa grandes ventajas económicas, principalmente para las desarrolladoras inmobiliarias, ya que les permite obtener la liquidez necesaria para la continuación y conclusión de la obra. De igual forma, éstas ofrecen la posibilidad de apartar y adquirir una propiedad con antelación, así como de elegir algunos acabados estéticos de su vivienda.

Puntualizó que cada vez es más común observar diversas irregularidades cometidas por las empresas inmobiliarias, que llevan a cabo la construcción de pisos o departamentos adicionales a los contemplados inicialmente por la licencia de construcción; lo que se traduce en la edificación de viviendas no contempladas o autorizadas por las autoridades correspondientes. Y como consecuencia de ello, la autoridad emite la orden de demolición de la vivienda no autorizada.

“Esta práctica fraudulenta no sólo significa la demolición de la o las viviendas no autorizadas, sino que representa un grave problema para las personas compradoras pues en la mayoría de las ocasiones, cuando la autoridad se percatan del fraude y procede a la demolición del inmueble, la vivienda no pertenece ya a la empresa desarrolladora, sino que ya es propiedad de una persona física que adquirió su vivienda con el fruto de su esfuerzo y trabajo, mediante un acto de buena fe”, explicó.

La propuesta señala que hasta no contar con el permiso de ocupación otorgado por la autoridad competente, no se podrán celebrar contratos de compra-venta para los proyectos de iniciación de obra de inmuebles.

 

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