EN CONGRESO CAPITALINO SE PRESENTA INICIATIVA DE REFORMAS QUE ARMONIZA CONTROVERSIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA SCJN

  • Actualización necesaria por invalidaciones decretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.

 

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de este Congreso relacionada con elementos invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Explicó que de esta manera se adecúan los procedimientos que han quedado vacíos respecto al Poder Judicial de la Ciudad de México.

 

“Estos son: quien presida el Tribunal Superior de Justicia dure 4 años en su encargo con posibilidad de reelección por una sola ocasión; Quien presida el Tribunal también presidirá el Consejo de la Judicatura, y será integrado por 6 consejeras o consejeros que uno será magistrada o magistrado, dos serán juezas o jueces, dos serán consejeras o consejeros electos por este Congreso, y uno designado por la Jefatura de Gobierno”, explicó.

 

Destacó además que el presupuesto del Poder Judicial, será elaborado por el Consejo de la Judicatura y posteriormente remitido a la Jefatura de Gobierno, mientras que con respecto al Vigésimo Tercero Transitorio, se hace una modificación para que las y a los integrantes del Consejo de la Judicatura que hoy ocupan dicho encargo, lo concluyan por el periodo para el que fueron electos, así como la persona que actualmente ocupa la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

 

El integrante del grupo parlamentario de Morena recalcó que dichas modificaciones se armonizan de manera transversal a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

 

El proyecto de decreto fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen.

 

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