SOLICITAN DEROGAR ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD POR OBJECIÓN DE CONCIENCIA

  • El Congreso de la Ciudad de México la iniciativa exige que las instituciones públicas de salud garanticen la oportuna prestación de los servicios

 

  • La impugnación de la disposición ante la SCJN, es una buena oportunidad para repensar la problemática en toda su complejidad y lograr una solución equilibrada entre intereses en juego

 

El Congreso de la Ciudad de México exigió en iniciativa que las instituciones públicas de salud garanticen la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de su personal no objetor de conciencia, aseveró el diputado Temístocles Villanueva Ramos.

 

Presentó la iniciativa por la que se deroga el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, ya que, explicó, no ofrece las garantías necesarias para conciliar todos los derechos en tensión.

 

Asimismo, la impugnación de la disposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con respecto a las diversas modificaciones que hizo el Congreso de Nuevo León con respecto a la objeción de conciencia, comentó, es una buena oportunidad para repensar la problemática en toda su complejidad y lograr una solución equilibrada entre intereses en juego, mencionó.

 

“En este orden de ideas, no nos oponemos a la regulación del ejercicio de objeción de conciencia, pero sí consideramos que debe realizarse dentro del estricto respeto al marco constitucional, de modo que no se altere el derecho a la salud o a la garantía de cualquier derecho fundamental”, agregó.

 

Villanueva Ramos definió que la objeción de conciencia como la negativa de una persona en cumplir un deber jurídico al advertirlo en contradicción con sus convicciones morales, ya sea de índole religioso, ético o filosófico. Las opiniones divergen en torno a si el Estado debe o no amparar los escrúpulos de conciencia por encima de su propia normatividad.

 

Sin embargo, en dichas objeciones no pueden en ningún caso conceptuarse como absolutas, sino que deben ser eficazmente reguladas para que puedan ser compatibles con derechos ajenos. Se trata de una reacción individual ante la contradicción de la norma jurídica y la propia conciencia.

 

El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, reveló que se estima que alrededor del 80 por ciento de los médicos de las instituciones públicas de salud se declaran objetores; por lo que solicitó sea abrogado de la Ley General de Salud vigente.

 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud.