HASTA SIETE AÑOS DE PRISIÓN PODRÍA ALCANZAR QUIEN ALTERE, OCULTE O ELIMINE UNA VIDEOGRABACIÓN DEL C5

  • El Diputado Eleazar Rubio presentó una iniciativa por el que se adiciona el Artículo 259 Bis al Código Penal para el Distrito Federal

 

  • Argumentó que en la mayoría de asuntos en los que se requieren videos donde se están involucrados elementos de Seguridad Ciudadana, desaparecen las grabaciones

 

De tres años a siente años de prisión, y de 50 a 250 días de multa, es la propuesta del diputado Eleazar Rubio Aldarán para los trabajadores del Centro de Comando y Control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (C5), que de manera dolosa oculte, elimine o altere una grabación que pueda ser utilizada como prueba en una investigación o juicio penal o administrativo.

 

Por lo anterior, presentó una iniciativa por el que se adiciona el Artículo 259 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, con el propósito de hacer valer la Ley que regula el uso de la tecnología para la Seguridad Pública local, para evitar que funcionarios públicos cometan abusos de autoridad o delitos y estos queden impunes.

 

“Toda vez que en la mayoría de asuntos en los que se requieren los videos de las cámaras donde se encuentran involucrados elementos de la SSC, en su gran mayoría en el día y hora que acontecieron los hechos que se investigan las cámaras no cuentan con la grabación, lo cual se ha convertido en un método recurrente en el que las autoridades se cubren en este tipo de conductas delictivas desplegadas por los servidores públicos”, enfatizó.

 

Rubio Aldarán destacó que de igual forma establece que los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información, serán responsables directamente de su guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, hasta tanto no hagan entrega de la misma a otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el documento donde conste la Cadena de Custodia de la misma.

 

Por último, indicó que el espíritu de haber creado la ley antes referida, radica en que con la ayuda de la tecnología, el Ministerio Público y los jueces podrán emitir sus determinaciones con mayor seguridad jurídica, respecto a la realización del hecho delictivo, lo cual coadyuvaría a resolver de manera eficiente el mayor número de asuntos en materia penal, justicia para adolescentes y asuntos administrativos.

 

Con lo que se puede evitar que los delitos queden impunes o que se fabriquen delitos, lo cual es letra muerta porque como siempre las leyes, nuestras autoridades las ocupan para delinquir y no para proteger los derechos de los ciudadanos.

 

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México.

 

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