PRESENTA ELEAZAR RUBIO INICIATIVAS EN MATERIA CIVIL Y PENAL EN FAVOR DE SECTORES VULNERABLES

  • Propone que los jueces y magistrados respondan por sentencias dictadas con negligencia o desconocimiento

 

 

Serán procedentes las demandas de responsabilidad civil en contra de jueces y magistrados en las que alguna sentencia dañe el patrimonio de personas indígenas, de escasos recursos o con discapacidad física permanente o se contravengan los derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales y las Constituciones federal y local.

 

Así lo propuso el diputado Eleazar Rubio Aldarán, iniciativa de reforma al artículo 728 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en aras de que los jueces y magistrados respondan patrimonialmente por daños causados por sentencias dictadas por negligencia o desconocimiento.

 

“En esta Cuarta Transformación, los legisladores estamos llamados a armonizar todas y cada una de las leyes en el sentido del valor supremo de proveer al ciudadano de instituciones y procedimientos eficaces que garanticen el respeto a su esfera jurídica y, con ello, a los derechos humanos de los cuales es poseedor”, expuso.

 

Por otra parte, en otra iniciativa y atendiendo la política en contra de la violencia hacia las mujeres y la alerta de género, el legislador de Morena propuso una modificación al artículo 202 del Código Penal local, para describir los tipos de violencia familiar, física, psicoemocional, patrimonial, económica, sexual o reproductiva.

 

“El representante social, a efecto de salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima, solicite al perito en psicología o psiquiatría que realice al indiciado un dictamen médico a efecto de que, en caso de resultar un generador de violencia, éste sea canalizado a una institución para que sea tratado de manera inmediata”, refirió.

 

Añadió que, en caso de que no acuda el imputado, se hará acreedor de los apercibimientos establecidos en la ley y, además, el Ministerio Público formará un registro de agresores, para que, si se trata de un sujeto activo reincidente, no obtenga los beneficios establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

 

 

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