INCLUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL

  • Se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso U de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.

 

Una democracia que rinde cuentas significa, más que elecciones disputadas, la protección de los derechos individuales y la corrección de errores del pasado. Además, un Estado democrático debe operar de manera abierta y transparente y ejercer su criterio dentro de un marco de reglas que parezca justo y razonable a la ciudadanía. Los ciudadanos comunes y los grupos organizados deberían poder observar lo que hacen los actores del Estado dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. De esta forma, los ciudadanos podrían pedirle cuentas a un gobierno en pleno ejercicio. El proceso mediante el cual se hacen los reglamentos debe estar abierto a la participación de los ciudadanos y los grupos organizados, pero al mismo tiempo el ejecutivo debe evitar el favoritismo y el amiguismo en sus tratos con el sector privado y con las organizaciones no gubernamentales.

Es por ello que Rubio Aldarán mencionó que la elaboración de las políticas por el poder ejecutivo requiere la participación y supervisión de una serie de actores interesados, pero también requiere que la política resultante sea efectiva, transparente, y capaz de ser evaluada por los votantes. El establecimiento de un gobierno que rinda cuentas, pues, es un delicado acto de equilibrio. Los cuerpos públicos deben ser sensibles a las preocupaciones de los ciudadanos y, sin embargo, permanecer apartados de influencias inadecuadas. Deben ser, a la vez, expertos competentes y capaces de elaborar políticas democráticamente responsables.

“La Interacción entre gobierno y gobernado, en nuestros días, debe estar a la vanguardia mediante el uso de todas las herramientas tecnológicas que las personas tenemos a nuestro alcance, en virtud de que el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de nuestros servidores públicos se convierten en un derecho humano de todos los ciudadanos, que por ende requiere de una irrestricta vigilancia de cumplimiento de todas nuestras autoridades, incluyendo las garantes de derechos humanos como lo es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México” mencionó Rubio Aldarán.

 

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