PROPUESTA PARA INTEGRAR LA FIGURA DE INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓN

  • Se presentó una iniciativa que propone la adición de la fracción X, al artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

México con la reforma de 2008, reestructuró la democracia y la transparencia de sus instituciones, ya que en el ámbito jurídico donde hace apenas tres años se reformó, el artículo 1 de la Constitución Federal, para que las autoridades en el ámbito de sus competencias tengan la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, tarea que no es exclusiva del Poder Judicial de la Federación, sino de todos aquellos órganos del Estado con facultades de decisión y ejecución, además con ello se restauró el control difuso de constitucionalidad y se está más consciente de lo que ahora se denomina control de convencionalidad.

Al hablar de Derechos Humanos, implica reestructurar desde el concepto más básico de derecho, hasta comprender que las fuentes creadoras del mismo, ya no son aquellas que no aceptaban la aplicación directa de tratados internacionales a cada caso en concreto.

Por lo que, en la aplicación del Derecho Penal como ultima ratio, no está exento de cumplir con la obligación de velar por el respeto de esos derechos inherentes a toda persona, por lo que es necesario, atendiendo a la realidad que se vive, se reformulen las obligaciones al Estado para con los gobernados, cuando se trate de violaciones a derechos humanos cometidos durante un proceso en materia penal.

Y mayor aún, cuando esa violación sea por el Poder Judicial, al privar de la libertad injustamente a cualquier persona, ya que estamos hablando de la libertad de una persona, lo cual trasciende a la familia, el trabajo, e incluso causa un daño psicológico, por una condena injusta.

Por lo que, cuando el Estado no pueda justificar la condena de una persona se debe llamar error judicial por violaciones al procedimiento, tanto en imputados como en víctimas u ofendidos del delito, ya que se privó de la libertad a una persona o se le dejo en libertad, por no acreditarse el hecho delictivo o su plena responsabilidad en la comisión de éste, mediante resolución de la autoridad de amparo.

En virtud de lo anterior, toda vez que México no cuenta con una norma que regule de manera frontal la figura de error judicial y su correspondiente indemnización, resulta necesario atender esta problemática social y aplicar los Tratados Internacionales, en los que somos parte en materia de Derechos Humanos, en particular las normas establecidas en La Convención Americana de Derechos Humanos.

Por lo que, a fin de solucionar la problemática social, se propone integrar la figura de indemnización por error judicial, a fin que la autoridad repare el daño causado a quien de forma injusta haya sufrido una pena privativa de la libertad y después sea liberada de la imputación, al haberle condenado injustamente.

A su vez, Rubio Aldarán propone que el estado indemnice al procesado o sentenciado, en caso que la sentencia condenatoria de primera instancia y en su caso en la confirmación o modificación de la misma que realice la Sala, se adviertan violaciones dolosas en su proceso, lo cual deberá determinar la autoridad de amparo o por el ejecutivo por haber obtenido su reconocimiento de inocencia.

 

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