POCO PROFESIONALISMO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROVOCA FILTRACIONES, URGE CAPACITACIÓN: AGUILAR SOLACHE

  • La falta de sensibilización, o incluso con dolo y alevosía, servidores públicos incurren en la captura y filtración de materiales

 

El asesinato de Ingrid Escamilla impactó y causó indignación ante la sociedad, pero sobre todo produjo una profunda decepción por la indolencia con la que fueron compartidas imágenes sensibles para la familia, pero en general para todas las mujeres.

 

Así lo consideró la Diputada local, Guadalupe Aguilar Solache, al referir que fue por falta de profesionalismo que las fotografías circularon sin recelo, “por falta de profesionalismo, de sensibilización, o incluso con dolo y alevosía, personas servidoras públicas o particulares en un afán de documentar parte de su actuación o por curiosidad y morbo, incurren en la captura y filtración de materiales”, expuso desde la palestra del Congreso local.

 

De tal suerte, impulsó una iniciativa tendiente a robustecer el marco jurídico que tutela el actuar de las autoridades con el fin de profesionalizarlas, pero sobre todo, para la protección de los datos personales, y en consecuencia, de la integridad de las víctimas y sus familias.

 

La iniciativa, explicó la congresista, contempla reformar la redacción del primer párrafo del Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, “a efecto de que las personas servidoras públicas salvaguarden en todo momento la protección de datos personales y la dignidad y honor de las personas, particularmente de quienes sean consideradas víctimas. Asimismo, se prevé la adición de una directriz adicional para señalar expresamente que las personas servidoras públicas se abstengan de difundir o socializar, por cualquier medio, datos, información o elementos audiovisuales, cuando esto no se relacione o sea parte del desahogo de sus funciones, que revictimicen o menoscaben la dignidad de las personas”, esgrimió.

 

Así mismo, dijo que se busca adicionar otro párrafo último al Artículos 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; para considerar como falta grave, en términos administrativos, la sustracción y uso de información sensible, relacionada con víctimas de algún delito. También se precisa que esta falta podría constituir una causal para sanciones de tipo penal.

 

En ese orden de ideas, también se propone adicionar una fracción XIII al artículo 239 del Código Penal para el Distrito Federal; para establecer una sanción de 2 a 8 años de cárcel, y de 100 o 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al funcionario que incurra en esos supuestos. Se estipula que si en las filtraciones se relacionan con mujeres o menores de edad, la pena se incrementará hasta en una tercera parte.

 

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