INICIATIVA PARA EXPEDIR LA LEY DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD

  • El diputado Ricardo Fuentes recordó que la reforma política de 2016 mandata crear un ordenamiento jurídico para establecer las relaciones del trabajador con el Gobierno de la Ciudad de México.

 

  • El Proyecto de Ley incluye la figura de “trabajo decente, término acuñado por la OIT

 

Con el objeto de dar certidumbre jurídica a las relaciones laborales entre las y los trabajadores y autoridades de instituciones públicas locales, el diputado Ricardo Fuentes Gómez presentó en el pleno del Congreso capitalino un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de las Trabajadoras y los Trabajadores de las Instituciones Públicas de la Ciudad de México.

 

Recordó que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Artículo 123, estableció por primera vez un precedente en materia laboral y los derechos de los trabajadores quedaron consolidados.

 

Agregó que para 1963 se publicó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que estabeció un marco jurídico que regula las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, del Distrito Federal y el resto de las entidades federativas.

 

En ese sentido, Fuentes Gómez indicó que a partir de la reforma política de 2016 se creó un ordenamiento jurídico para establecer las relaciones con el Gobierno de la Ciudad de México por lo que, aseguró, toca a esta Primera Legislatura plasmar una ley local que regule las relaciones laborales de las y los trabajadores con las instituciones públicas, la cual deberá estar en armonía con la Contitucion Federal y acuerdos internacionales.

 

“Dicho proyecto de ley parte de una nueva cultura en materia laboral pues incrusta la figura de trabajo decente, término acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, indicó.

 

Explicó que el término considera los siguientes elementos: respeto a la dignidad humana del trabajador; no discriminación por razones de género ni por preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; acceso a la seguridad social, salario remunerador, capacitación continua, seguridad e higiene en el trabajo, libertad de asociación, autonomía sindical, derecho de huelga y contratación colectiva.

 

La iniciativa con proyecto de decreto fue turnada a Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Normatividad Estudios y Prácticas Parlamentarias.

 

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