PROPUESTA PARA CREAR LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

  • Rubio Aldarán menciona que se prevé un modelo de justicia que privilegie la conciliación y con ello dignificar a la clase trabajadora, con el objetivo de ofrecer y garantizar servicio público de Conciliación laboral.

 

La importancia de la conciliación radica en garantizar debida equidad y respeto a los interesados, procurando que se lleven a cabo los arreglos satisfactorios para las partes, respetando los derechos mínimos de la clase trabajadora.

La Reforma Laboral establece la obligación de trabajadores y patrones de asistir a una audiencia de conciliación antes de iniciar un juicio ante los Tribunales Laborales, salvo en los casos de discriminación, acoso y violencia en los centros de trabajo, y, en general, violaciones a los derechos humanos; así como para la designación de beneficiarios, entre otros. La etapa de conciliación es obligatoria, pero la decisión de llegar a un acuerdo depende de la voluntad de las partes, razón suficiente para crear un Organismo Público Descentralizado que se encargue de la función de conciliación, mismo que contara con el número de delegaciones que le sean necesarias, que su integración y funcionamiento se determinará en su estatuto orgánico y su respectiva reglamentación, debiendo contar con un Órgano de Gobierno integrado por los titulares de las dependencias u organismos públicos que señale la legislación local.

Así, Rubio Aldarán menciona que dicha instancia prejudicial obligatoria será un sistema de justicia laboral innovador que brinda certeza jurídica a trabajadores y patrones, permitiendo así, elevar la productividad y competitividad económica del país, así como calidad de vida de las familias mexicanas.

El eje de la instancia prejudicial obligatoria a la que deberán acudir trabajadores y patrones para la solución de sus conflictos, son los medios alternativos de solución de controversias en materia laboral, es decir, la conciliación.

A su vez, en la iniciativa se destaca que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o. establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dentro de los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, incluidos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo que “la reforma responde a las demandas de la sociedad mexicana: acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente, lo cual implica una amplia revisión de las instituciones responsables de garantizar el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva y de los procedimientos contenidos en el derecho procesal del trabajo los últimos cien años, a la luz de las condiciones actuales del sistema de impartición de justicia en nuestro país, por lo que es imperante dotar a México del marco jurídico en materia laboral” mencionó Rubio Aldarán.

Es así que se propone la iniciativa, que prevé un modelo de justicia que privilegia la conciliación y con ello por dignifica a la clase trabajadora, con el objetivo de ofrecer y garantizar servicio público de Conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local antes de presentar demanda ante los Tribunales Laborales.

 

 

 

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