INICIATIVA PARA DEFINIR EN LA LEY A CADA UNO DE LOS SECTORES Y PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO

  • No es lo mismo referirse a agroempresario, jornalero agrícola, ejidatarios, comuneros, pequeño propietario o mediero, indicó la Diputada Guadalupe Chávez.

Las actividades productivas del campo aportaron 7.4 por ciento (%) del Producto Interno Bruto (PIB); son generadores de riqueza y se debe precisar su concepto en la normatividad vigente, los elementos en común y sus diferencias, su apego a la tierra y su cultura, señaló la Diputada Guadalupe Chávez Contreras.

“No es lo mismo referirse al agroempresario que al jornalero agrícola. O cuando hablamos de los ejidatarios y comuneros, o del pequeño propietario y el mediero. Tienen una relación directa o indirecta con la tierra, pero son diferentes en la producción, sus ingresos, la posesión de los medios de producción, su cultura, así como sus procesos de trabajo y otros aspectos”.

La legisladora de Morena consideró extensa e imprecisa la definición de campesinos contenida en el Artículo 2 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable, pues los cataloga como personas con medios de subsistencia, de familias agricultoras con poca tierra o no agrícolas sin tierra, pero también como trabajadores étnicos.

“La definición de campesinas y campesinos requiere una estratificación genérica de las clases sociales en el campo, de la estructura agraria y las nuevas formas de trabajo, sin olvidar el planteamiento hecho por Marx, respecto a las clases sociales y al modo de producción capitalista, pero en un contexto donde las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción son otras en este siglo XXI”.

Finalmente, Chávez Contreras refirió que la iniciativa para reformar el numeral I del Artículo 2 de la Ley en mención, es acorde a los Artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política Federal; 10, apartado E, de la Carta Magna capitalina, y 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Mesa Directiva de este órgano parlamentario turnó el documento para su análisis y dictaminación a la Comisión de Desarrollo Rural.

 

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