INICIATIVA PARA SANCIONAR CON MAYOR RIGOR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE INCURRAN EN CORRUPCIÓN

  • Las diputadas Lilia Rossbach y Valentina Batres presentaron una iniciativa para reformar el párrafo cuarto y adicionar el párrafo quinto al Artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

 

  • El servicio público requiere que quienes lo desempeñan honren con su conducta el encargo del que son objeto

 

Con el propósito de garantizar la buena Administración Pública en la Ciudad de México, las diputadas Lilia Rossbach Suárez y Valentina Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario de Morena presentaron una iniciativa para reformar el párrafo cuarto y adicionar el párrafo quinto al Artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas capitalina.

En la sesión de hoy, la diputada Rossbach Suárez mencionó que el servicio público requiere que quienes lo desempeñan honren con su conducta el encargo del que son objeto, ya que esa es la forma más directa de combate a la corrupción.

“Ningún esfuerzo será suficiente para combatir la corrupción, pero con esta pequeña pero significativa reforma, se fortalecerá la actuación de las autoridades en los procedimientos en los que no se imponga sanción por motivo de lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México”, indicó.

 

Precisó que la presente iniciativa tiene dos propósitos, en primer lugar, busca garantizar que las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con los principios de transparencia, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, evitando que queden impunes conductas infractoras y dañinas a la Hacienda Pública de nuestra Ciudad de México.

 

“La reforma plantea que las autoridades resolutoras como la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y los Órganos Internos de Control, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, dejen de abstenerse de imponer sanciones por faltas administrativas no graves conforme al artículo 75, sin que se verifique plenamente el resarcimiento o recuperación del daño y en su caso perjuicio a la Hacienda Pública y siempre que este no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, indicó.

En segundo lugar, la reforma propone que las autoridades de los procedimientos administrativos, cuenten con el sustento normativo suficiente para garantizar y llevar a cabo un debido proceso y tengan la obligación legal de emitir la resolución que recaiga al caso concreto.

 

Lo anterior en virtud de que el texto vigente es omiso respecto de la ruta procesal que deba darse a los expedientes que caigan el supuesto contemplado dentro del cuarto párrafo del artículo 50, dando lugar a posibles irregularidades procesales, que repercuten de forma negativa en la garantía de debido proceso de las personas servidoras públicas involucradas en procedimientos de responsabilidades, indicó la legisladora.

 

Por lo anterior reitero que La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, tiene como objetivo establecer las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, sus obligaciones, y las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran, por lo que la presente Iniciativa busca robustecer la actuación de las autoridades correspondientes en la aplicación de dicha ley.

 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.

 

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