Foro “Despenalización del Aborto: Panorama a 32 años de la Declaratoria del 28 de septiembre como Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro”

 

  • Diputadas y organizaciones sociales impulsan la iniciativa que busca establecer la Interrupción Voluntaria del Embarazo, eliminando el aborto del Código Penal.
  • Para lograr ser una sociedad más de libertades y no de castigos, reconociéndonos libres quienes tenemos la capacidad de gestar; el ámbito religioso no debe influir en la política pública.

Con el objetivo de analizar por qué la despenalización del aborto es una necesidad de la agenda de género de la Ciudad de México, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres; en el marco de la Conmemoración del 28 de septiembre se llevó cabo, en el Congreso de la Ciudad de México, el Foro “Despenalización del Aborto: Panorama a 32 años de la Declaratoria del 28 de Septiembre como Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro”, en el que activistas de Católicas por el Derecho a Decidir, Ipas México, GIRE y Balance; así como funcionarias y diputadas participantes, coincidieron en la importancia de seguir avanzando en la lucha por los derechos de las mujeres de esta ciudad, dando el siguiente paso para seguir siendo un referente para el país entero.

Al dar la bienvenida a las participantes de este foro, la diputada Ana Francis López Bayguen Patiño destacó que “estamos en un estado laico, pero vivimos en un país mayoritariamente creyente, por lo que es importante destacar que vivimos en un estado de madurez política en el que, a pesar de que la gente tiene sus creencias, esas creencias no tienen por qué determinar la política pública, cuando más del 90% de las mujeres católicas incurre en un desacato silencioso”.

Mesa 1. ¿Por qué es una necesidad despenalizar el aborto y, dónde nos encontramos?

Aidé García Hernández, Co-directora de Católicas por el Derecho a Decidir, apuntó que la necesidad de despenalizar el aborto es para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan gozar plenamente de su autonomía reproductiva; de lo cual, la CDMX ha dado cuenta históricamente, con una constitución de avanzada, siendo un referente que tiene el compromiso, a nivel regional, de armonizar nuestra legislación con los estándares más altos de protección a las mujeres. Y festejó la iniciativa presentada ayer, ante el pleno del Congreso capitalino (por las diputadas Ana Francis López y Yuriri Ayala), con la que se busca eliminar el delito de aborto del Código Penal: “es lo que estábamos necesitando, como país hemos avanzado en los últimos años, tras una larga lucha histórica que ahora comienza a dar frutos, aun cuando en este momento sólo diez estados de la República han despenalizado el aborto “En Católicas por el Derecho a Decidir hicimos una encuesta sobre religión, política y sexualidad, en la que se reconoce que el 77% de la población se autodenomina católica, sin que esto sea un obstáculo para seguir avanzando en las leyes, porque sabemos que los ámbitos de competencias son diferentes y que al Estado le toca avanzar en las políticas públicas que garantizan derechos y el ámbito religioso se queda en un ámbito individual, personal que no tiene que influir en la política pública.

Y a pesar de que tenemos una iglesia muy conservadora y que tiene un rol político, en México hemos avanzado con pasos notables en la liberación de leyes acerca del aborto, incluso en los estados más conservadores, siendo éstos, mensajes muy importantes para tomar en cuenta a la hora de legislar; porque además, de dicha encuesta se desprende que 2 de cada 3 personas (de un 92% creyente) opinan que la mujer debe abortar, si así lo considera necesario, para continuar su vida y seguir siendo una buena creyente, viéndose claramente que la fe y la religión no son un obstáculo para la toma de decisiones.

“Asimismo, mayoritariamente la población católica opina que las iglesias no deben involucrarse en las políticas públicas, ya que los funcionarios públicos son los que están obligados a definir leyes que garanticen los derechos como el aborto, y que la educación sexual integral tiene que estar en las escuelas públicas, reconociendo incluso la importancia de la religión en su vida, pero haciendo la diferencia en el ejercicio de su sexualidad, ya que hay un alto grado de desacato silencioso por parte de los y las creyentes, siendo católicas el 80% de las mujeres que abortan en la CDMX”.

Durante su participación, y en representación de Ipas México, María Zaragoza Ledesma, resaltó que “a lo largo de esta lucha feminista hemos aprendido que el pensar que el aborto después de las 12 semanas, o era medicamente imposible, o era indebido, abría la puerta para que se siguiera estigmatizando y criminalizando, ya que, cuando dejamos esa creencia latente, damos oportunidad a que la gente señale y quiera castigar a quienes abortan; tan es así que somos la entidad con mayor número de expedientes abiertos por aborto y eso tiene que ver con la relación entre estigma y código penal, siendo indispensable y muy prudente, sacar completamente el delito del aborto del Código Penal.

“No podemos tener derecho a la libertad reproductiva y después criminalizar una parte; por ello felicitamos a este grupo de diputadas que por primera vez en la historia de México están promoviendo sacar al aborto del Código Penal, ante la incongruencia que se da si ya tenemos una sentencia que dice que no podemos encarcelar, pero seguimos teniendo el delito, cuando deberíamos tener ya a las 32 entidades en esta discusión.

Ahora lo importante es esperar que la CDMX sea la primera, de muchas entidades, en aprobar esta iniciativa para seguir avanzando, y hacer las campañas de salud institucionales necesarias.

La Suprema Corte de Justicia y el Ejecutivo ya dieron los primeros pasos con los lineamientos y en lo judicial, ahora es importante avanzar en lo legislativo”. Zaragoza Ledesma concluyó su participación en el foro advirtiendo la importancia de “buscar ser una sociedad más de libertades y no de castigos, viendo al aborto como un derecho a la salud, reconociéndonos libres quienes tenemos la capacidad de gestar, sin que signifique un castigo, y para ello es necesario contar con una campaña institucional de información, para que todos y todas podamos verlo desde el ámbito, no de los delitos, sino de los derechos, y para eso estamos aquí, para empujar esa iniciativa lo más que podamos”.

La diputada Yuriri Ayala indicó que ante el acompañamiento que existe ya para la iniciativa en cuestión, por parte de diputadas de Morena, lo que se busca, en el Congreso, es que se sumen no sólo compañeras, sino compañeros, y que asuman esta agenda “para garantizar los derechos plenos de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo”.

Aunque ha habido avances, dijo, “éstos no han sido suficientes y hoy estamos buscando el siguiente paso que es la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que no podemos seguir normadas con un Código Penal que data de más de 80 años, en un marco legislativo que ya no está actualizado a la realidad de una nueva sociedad.

Hoy hemos asumido esta iniciativa de manera conjunta con la sociedad civil y el propio gobierno ya que, afortunadamente tenemos una mujer al frente del Gobierno de la CDMX que es la Dra. Claudia Sheinbaum, quien se ha mostrado empática al avalar la lucha por los derechos de las mujeres y el pleno desarrollo de la personalidad que es un derecho inherente a todas las personas, para estar a la vanguardia como ciudad”.

Mesa 2. ¿Cuáles son las consecuencias de la criminalización del aborto y cómo garantizamos el acceso a un aborto seguro?

La legisladora Marcela Fuente Castillo señaló que uno de los mayores errores ha sido la criminalización y estigmatización, siendo lo único que está a debate con eso, la vida de las mujeres. Por ello, aclaró: “Quitar del Código Penal el aborto obedece a una realidad interseccional, ya que, en la actualidad, el aborto se clasifica como no grave en México, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la mayoría de las personas que son acusadas pueden continuar su proceso en libertad, pero pagando una fianza, cuando esto representa para muchas mujeres de condiciones precarias, un impacto negativo y sustancial en la calidad de su vida”.

La diputada Nancy Núñez Reséndiz se sumó a la solicitud de su par, Marcela Fuente al considerar que con esta iniciativa: “se avecina en el Congreso un debate muy álgido en cuanto a filias, fobias y el miedo a perder al electorado, por lo cual estamos convocando a todos los movimientos feministas a movilizarse para que sean vistas y tomadas en cuenta a la hora de las votaciones, pensando, sobre todo en lograr ser una caja de resonancia para el país, al considerar que las mayores consecuencias son la muerte de las mujeres o su criminalización”.

De igual forma, Núñez Reséndiz advirtió: “debemos revisar también las responsabilidades y participaciones de cada nivel de gobierno, a nivel federal, estatal y local, desde las alcaldías y municipios porque todos deben abonar con campañas acerca de la existencia de este derecho en la ciudad; incluso también los diputados y diputadas tendríamos que hacer eco de este derecho porque la desinformación ha soslayado el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo; y no podemos dejar pasar que hoy tenemos diputadas del PAN que legislan a partir de sus creencias conservadoras o de temores frente al castigo del electorado”.

En su oportunidad, la legisladora Yuriri Ayala Zúñiga consideró que al ser portavoces de miles de mujeres que habitan la ciudad, “tenemos que seguir en esta ruta de organización y acompañamiento para prepararnos para el siguiente paso, porque la iniciativa ya está en el pleno y pasa a Comisiones Unidas esperando sea aprobada para que pueda buscar la aprobación ante el pleno, donde podemos encontrar posturas cerradas de la oposición con argumentos rebasados, pero, si contamos con el acompañamiento de la sociedad civil durante todo el proceso, sin duda la batalla será mucho más sencilla”.

Al concluir el foro, la también presidenta de la de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso de la CDMX, Ana Francis López, apuntó que como legisladoras “nos comprometemos a armar una campaña de Interrupción Legal del Embarazo, que es lo que hay, ya que mucha de la difusión de esto lo han hecho las organizaciones sociales, cuando debemos seguir trabajando en un proceso de capacitación, convencimiento, disuasión, información, etc; y agregó, debemos de pensar también en reformas en las alcaldías, requiriendo del compromiso por parte de las organizaciones civiles para que sean observadoras de su actuar”.

 

 

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