PIDEN VIGILAR LOS COBROS POR SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

  • A raíz de la pandemia por Covid 19 se incrementaron los costos por inhumación e incineración, en muchos casos impagables por los familiares. 

 

El Congreso capitalino exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Secretaría de Economía para que verifiquen y vigilen los costos de los servicios funerarios en la Ciudad de México, y se aseguren sean justos y accesibles para las familias que sufren la pérdida de un ser querido.

 

El Pleno del Congreso aprobó el Dictamen que presentó la Comisión de Desarrollo Económico  respecto del Punto de Acuerdo del Diputado Alfredo Pérez Paredes, bajo la consideración de que estos precios han subido significativamente.

 

Refirió que las funerarias han informado que requieren de mayor cantidad de materiales de protección para evitar que el personal encargado del servicio pueda contagiarse; sin embargo estos costos también se elevaron para atender a aquellas personas que perdieron la vida por causas diversas al coronavirus.

 

Pérez Paredes consideró que los aumentos en los costos de este servicio, son impagables para muchos familiares de personas finadas, por lo que al dolor de haber perdido un ser querido, se suma la preocupación  por no contar con la solvencia económica para cubrir los gastos funerarios.

 

De acuerdo con el balance de precio realizado por la PROFECO en mayo de 2020 en la zona metropolitana y Ciudad de México, el precio promedio por la cremación era de 12 mil 285 pesos, con un monto máximo de 20 mil 880 y un mínimo de 6 mil 762 pesos. En el caso de la inhumación se establece que el precio promedio es de 10 mil  768 pesos, con un máximo de 18 mil 560 y mínimo de 4 mil 60 pesos.

 

La Comisión concluyó que, tanto en el país como en la Ciudad de México, las necesidades funerarias han aumentado exponencialmente y aunque se reconoce que las empresas han tenido que ampliar su seguridad sanitaria, también se consideró que los incrementos se han elevado de forma desproporcionada por lo que se justifica la petición a las entidades federales para que vigilen estos cobros.

 

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