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El dip. Martínez Urincho propuso establecer como obligación de todas las autoridades de la Ciudad garantizar la integridad de las personas defensoras de derechos
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Las y los defensores de derechos han sido objeto de tortura, palizas, detención y prisión arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnia.
En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante de la bancada de Morena en el Congreso CDMX, presentó una iniciativa para proteger a las personas defensoras de derechos humanos a través de una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México.
Mediante su iniciativa, el diputado Martínez Urincho estableció que las personas defensoras de derechos humanos deben ser sujetos de una protección especial, tan amplia como la labor que realizan en favor de la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación.
En el mismo sentido, el diputado por Morena dijo que las y los defensores de derechos humanos se abocan a labores comunitarias locales, estatales, nacionales y hasta mundiales, por lo que recurren a diferentes instancias para presentar propuestas o solicitar la rendición de cuentas en favor de grupos vulnerables. Por ello muchos defensores han sufrido violaciones de sus derechos humanos en todas las regiones del mundo y han sido objeto de tortura, palizas, detención y prisión arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnia.
Con ello, Alberto Martínez Urincho señaló la necesidad de establecer en la Constitución Local medios institucionales para garantizar ampliamente las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, así como reconocer y proteger, de manera reforzada, su integridad y vida; ello de conformidad a los estándares universales y regionales que se han dictado en los últimos momentos.
En la iniciativa presentada por el diputado morenista se plantea reformar y adicionar el Apartado G, del Artículo 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México para que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger y garantizar la integridad y la vida de las personas defensoras de derechos, por lo que su iniciativa fue turnada a Comisiones para su análisis y dictamen.
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